La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió posponer el debate de un proyecto de sentencia relacionado con la compensación económica por muerte civil.
El proyecto en cuestión, elaborado por la ministra Lenia Batres, estaba programado para discutirse en la sesión plenaria de este jueves, pero fue retirado para su análisis posterior.
En éste se aborda la base para calcular indemnizaciones por muerte, proponiendo que estas se determinen con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en lugar del salario mínimo, con el argumento de que así las indemnizaciones serían “justas, proporcionales y equitativas”.
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Mientras el salario mínimo asciende a 278.80 pesos, la UMA equivale a 113.14 pesos.
Esto representaría que el monto de reparación de un millón 394 mil pesos, pasaría a 565 mil 700 pesos, un recorte cercano al 50 por ciento.
El proyecto deriva de una contradicción de criterios entre las extintas Primera y Segunda Salas de la SCJN, que durante años discreparon sobre cuál debía ser la referencia válida para fijar indemnizaciones.
La Primera Sala sostenía que la indemnización era de carácter reparador vinculado a la capacidad productiva. Ante ello, debía cuantificarse con salarios mínimos.
En tanto, la Segunda Sala consideró que la Constitución, tras la reforma de 2016, prohibía usar el salario mínimo como referencia para fines ajenos a su naturaleza laboral y ordenaba sustituirlo por la UMA.
La ministra Batres subrayó que la propuesta busca separar la indemnización civil del salario mínimo, pero el rechazo de distintos sectores señala que esta medida no favorece ni a ciudadanos ni a trabajadores.
El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, solicitó mantener este asunto en la lista para escuchar a los interesados, tras recibir múltiples peticiones de diálogo público.
Este aplazamiento ocurre en un contexto donde la sociedad civil demanda mayor participación y transparencia en decisiones judiciales que impactan directamente en derechos humanos y colectivos, así como en la justicia ambiental.
La decisión de postergar el debate manifiesta la relevancia y sensibilidad social de estos temas en la agenda jurídica nacional y abre un espacio para la reflexión y la búsqueda de consensos que no comprometan los derechos fundamentales de la población.
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MSL
