Los señalamientos contra Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), tardaron alrededor de tres años en surtir efectos mayores, pues su vinculación con una red de corrupción relacionada con el sector salud estaba radicada desde 2022.
Fue en diciembre de 2023 cuando la asociación civil contra la impunidad Tojil dio a conocer la entonces presunta existencia de una red de más de 80 empresas con las que se vinculó al también exfuncionario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para supuestamente beneficiarse de contratos otorgados a las firmas, entre las cuales algunas ya estaban consideradas desde entonces como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- 2,500 mdp, el contrato otorgado a una empresa de limpieza, por el que lo indagan
Sin embargo, el informe apuntó que desde 2022 la Fiscalía General de la República (FGR) ya contaba con una carpeta de investigación en contra de Tapia y colaboradores, a los que se les señala de relacionarse con empresas que, en su momento, habrían triangulado más de tres mil 300 millones de pesos provenientes del erario.
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Además, se indica que dicho procedimiento inició a raíz de la denuncia presentada desde la extinta Secretaría de la Función Pública (SFP) y por la entonces jefa del SAT, Raquel Buenrostro, hoy titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Fue esta dependencia la que, de acuerdo con reportes periodísticos, pidió que Santoyo fuera removido de su cargo, al ser acusado de desvío de recursos y no transparentar su enriquecimiento.
El informe de Tojil aseguró que desde que se inició la carpeta de investigación, el funcionario del IPN interpuso amparos para tener acceso a la indagatoria y frenar posibles medidas judiciales que se llegaran a dictar, como que se giraran órdenes de aprehensión en su contra o que se fincaran procedimientos de responsabilidad administrativa.
Los vínculos establecidos por la organización apuntaron que el funcionario se involucró con una red llamada Interacción Biomédica, ya reconocida como una empresa facturera dentro del sector salud.
Tras darse a conocer estos hechos en aquel año, el IPN salió a pronunciarse casi de manera inmediata, para asegurar que no pasaría por alto el hecho denunciado y sostuvo que habría intolerancia a los actos corruptos.
Sin embargo, Santoyo permaneció en el cargo hasta la actualidad, incluso encabezando actos públicos y difundidos por el propio Instituto.
De hecho, en sus redes aparecen publicaciones de la semana pasada donde acompañó al actual director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, en la entrega de reconocimientos a más de 800 docentes, incluso representándolo en otros eventos, como el 50 aniversario del Colegio Superior Agropecuario de Guerrero.
Entre las acusaciones, unas también lo señalan de incurrir en actos indebidos como tesorero del ISSSTE, así como también para manipular la libre participación de proveedores en los concursos de licitación para servicios de limpieza en el Politécnico.
