A un mes del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, especialistas coincidieron en destacar los avances en el caso de la investigación y el combate a la delincuencia en el municipio, aunque consideraron que quedan pendientes por abordar.
Tras el crimen, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que combina refuerzo de seguridad e inteligencia y contempla más de 100 medidas y una inversión aproximada de 57 mil millones de pesos, con el objetivo de desarticular redes criminales y atender las causas estructurales de la violencia.
Al respecto Javier Oliva Posada, especialista en seguridad por la UNAM, señaló que el primer mes del caso ha evidenciado una mayor coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), lo que ha permitido avances más rápidos en la investigación.
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Respecto al Plan Michoacán, consideró que las cifras presentadas por el Gabinete de Seguridad son un indicador de que la estrategia “sí está dando resultados” y se muestra un respaldo institucional sólido.
Recordó que la crisis de seguridad en Michoacán tiene más de una década y que el estado arrastra una “inercia compartida” por distintos gobiernos, por lo que el impacto del plan deberá evaluarse en el mediano plazo.
René Cáceres, investigador de la Universidad Rosario Castellanos, consideró que pese al despliegue de fuerzas federales, “el sentimiento y la percepción de inseguridad que tiene la población es bastante grande”, especialmente entre sectores como aguacateros y limoneros, quienes siguen enfrentando extorsiones.
Advirtió que el problema de fondo no está siendo atendido plenamente: “Tienen que atacar las causas estructurales que dan lugar a los grupos criminales”, por lo que afirmó que la sociedad de Uruapan sigue viviendo una afectación cotidiana en su calidad de vida y que los operativos no han logrado frenar amenazas, cobros de piso ni la expansión económica de los grupos delictivos.
Luis Miguel Dena, presidente de Grupo BlackIND y CEO de Cyber Black, destacó que el Plan Michoacán ha tenido un despliegue operativo amplio y comunicación efectiva, pero advirtió que los responsables de homicidios, amenazas y extorsiones —incluidos los operadores implicados en el caso Manzo— deben recibir sentencias efectivas para evitar la continuidad del poder criminal y garantizar que sectores productivos como el aguacate y el limón puedan recuperar certidumbre.
El especialista reconoció que la llegada de equipos de inteligencia a Morelia, Uruapan y Apatzingán representa una señal positiva hacia una operación más “quirúrgica”, aunque insistió en que la colaboración ciudadana sólo se fortalecerá si se atienden de fondo los factores que permiten el arraigo criminal en la región.
Hasta el momento, suman ocho personas detenidas por el crimen: siete escoltas del alcalde, acusados de omisiones durante el ataque, y Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, señalado como presunto autor intelectual.
