Luego de más de 24 horas de debate en la Cámara de Diputados y de una votación exprés en el Senado, el Congreso aprobó la Ley General de Aguas, una iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum para remplazar la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que, de acuerdo con el argumento del Gobierno, favoreció el acaparamiento sin control de grandes sumas del recurso hídrico para unos cuantos millonarios.
La nueva ley, con sus más de 68 modificaciones al proyecto original, establece que quedará prohibida la transmisión de concesiones entre particulares, en lugar de esto habrá reasignaciones vigiladas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua); también prevé que en herencias y ventas de tierra se conservarán los derechos de volumen, utilización y plazo de uso, y posibilita la regularización de pozos y títulos existentes con la promesa de que las nuevas reglas no tengan retroactividad en los trámites iniciados. Los campesinos y la oposición no quedaron conformes.
- El Dato: Los senadores del PAN y exgobernadores Francisco Ramírez Acuña, de Jalisco, y Miguel Márquez, de Guanajuato, rechazaron ser acaparadores de agua.
El objetivo de la iniciativa, según remarcó el oficialismo, es garantizar el acceso al agua como un derecho, tal como lo señala el artículo 4 de la Constitución. Para el Gobierno federal, la Ley de Aguas de 1992 convirtió las concesiones de agua en una mercancía y propició el acaparamiento de este recurso, además de que los concesionarios evadían el pago de impuestos.
Claudia Sheinbaum presente en el Kennedy Center para sorteo de la FIFA
Durante la sesión maratónica en San Lázaro, Morena y sus aliadas presentaron 18 reservas que, según ellos, atendían las preocupaciones del sector agrícola, y que se sumaron a 50 modificaciones previamente definidas. Entre los cambios aprobados destacan ajustes a los artículos sobre transmisiones de derechos, para precisar supuestos y evitar cancelaciones automáticas, y modificaciones al régimen de caducidades, para que no procedan de manera inmediata sin notificación previa.
- El Tip: EL presidente de la Jucopo, el morenista Ricardo Monreal Ávila, informó que elaboró un documento técnico con decenas de mitos y realidades sobre la reforma.
Con las reservas, también se aprobó la inclusión del reconocimiento de sistemas comunitarios de agua y saneamiento fuera de áreas metropolitanas. Esta medida requirió la modificación del artículo 40 de la nueva ley.
También se incorporó, en el artículo 22 un párrafo que regula la transmisión de concesiones o asignaciones, fusiones, escisiones o derechos sucesorios con reasignación de volúmenes.
En el artículo 24 se estableció una ampliación del periodo en que se puede solicitar prórroga de concesiones o asignaciones. Además, se clarificaron verificaciones y facultades de la autoridad, con lo que se acotaron algunas funciones de Conagua.
La Cámara de Diputados eliminó la negativa ficta en uno de los artículos. Esta figura es una presunción jurídica que establece que, si una autoridad administrativa no responde a una petición por escrito dentro del plazo legal establecido, se considera que la respuesta es un rechazo a dicha solicitud; sin embargo, no aplicará en todos los procedimientos donde los productores pedían que fuera efectiva.
Otras modificaciones están relacionadas con las sanciones penales por traslados ilícitos de aguas nacionales, sanciones para servidores públicos que otorguen concesiones a cambio de sobornos, modificación de regulaciones de actividades acuícolas, agrícolas y pecuarias bajo ciertos usos.
Los cambios prevén multas de dos mil 160 Unidades de Medida y Actualización (UMA, equivalentes a 113.14 pesos diarios, unos 244 mil 382 pesos) a 30 mil UMA (tres millones 394 mil 200 pesos) a quien cambie el uso del agua para el cual fue concesionada o transmita los títulos de concesión o los permisos.
También hay sanciones para quien ceda, suministre o intercambie por pago en especie o proporcione de cualquier otra forma a terceros el agua para un uso distinto al cual fue concesionada.
“En caso de reincidencia, la multa se incrementará hasta en una tercera parte de los montos previstos, así como la revocación del título y la clausura definitiva”, por lo que, si la multa impuesta es la más alta, ascendería a cuatro millones 525 mil 600 pesos.
En términos más graves, impone de uno a ocho años de prisión y multa de 300 a tres mil UMA a quien solicite concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o el registro de títulos de concesión, asignación, permisos o prórrogas para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales mediante el ofrecimiento o entrega de dádivas a la persona servidora pública facultada para autorizar dichos trámites.
De igual forma, se crea el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, controlado por la Conagua, que se conformará de los siguientes volúmenes: los provenientes de la extinción de títulos de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales; los que deriven de la cesión de volúmenes en favor de “la Autoridad del Agua” y los vinculados a la preferencia de derechos.
Destaca que, en el artículo 54, se estableció que las unidades y distritos de riego deben reportar a “la Autoridad del Agua”, cada año, el volumen bruto extraído de cada fuente de aguas superficiales o subterráneas con fines de riego, el volumen de agua utilizada, la superficie total cultivada, los cultivos que se regaron y la producción obtenida de la superficie anual cultivada.
SESIÓN CALIENTE. La nueva ley quedó aprobada en lo general y en lo particular en San Lázaro después de un intenso debate e intercambio de acusaciones entre las bancadas, incluso señalamientos por intereses particulares. La discusión entró en un impasse donde las diferentes bancadas repitieron los mismos argumentos que ya habían expuesto de manera insistente.
Con el cansancio y predominando la cólera en los distintos grupos parlamentarios se vivió esta jornada que concluyó casi a las tres de la tarde de este jueves.
El petista Adrián González acusó al PAN de alargar el debate de forma artificial y los panistas se acercaron a las curules del PT, donde, en medio de empujones y jaloneos, les gritaron “¡put…, put...!”, por lo que la mesa directiva llamó al orden.
Uno de los momentos que frenaron la discusión fue cuando el priista César Domínguez solicitó al vicepresidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna
—quien en ese momento dirigía la sesión— quitarse una chamarra con un logo de Morena, para no darle un tono partidista a su intervención.
Pasado el mediodía, luego de 21 horas de sesión en el pleno, los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios acordaron reducir a 16 la lista de 80 oradores que faltaban por dar su ponencia.
Al concluir el debate en la Cámara, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo que “lejos de restringir derechos o criminalizar actividades productivas, el nuevo marco depura conceptos, acota el margen de discrecionalidad, preserva el binomio tierra-agua, protege a los pequeños productores y establece sanciones únicamente para conductas graves que afectan la legalidad, la disponibilidad y la integridad de las aguas nacionales”.
Explicó que la graduación de penas, la excepción a usos de subsistencia y la incorporación de mecanismos de regularización y trámites flexibles refuerzan que el objetivo no es castigar al sector productivo, sino asegurar que la gestión del agua opere bajo reglas claras, equitativas y técnicamente verificables.
Así votaron
- 324 A favor
- 118 En contra
- 2 Abstenciones
¿Qué cambió?
- Entre los ajustes aprobados en San Lázaro, destacan:
- Precisa supuestos sobre transmisiones de derechos para evitar cancelaciones automáticas.
- Hace modificaciones al régimen de caducidades, para que no procedan de manera inmediata sin notificación previa.
- Incluye el reconocimiento de sistemas comunitarios de agua y saneamiento fuera de áreas metropolitanas.
- Regula la transmisión de concesiones o asignaciones, fusiones, escisiones o derechos sucesorios con reasignación de volúmenes.
- Amplía el periodo en que se puede solicitar prórroga de concesiones o asignaciones. Aclaró verificaciones y facultades de la autoridad, acotando funciones de Conagua.
Para desvirtuar la ley ven “actos desesperados”
› Por Yulia Bonilla
Tras las protestas, bloqueos y molestia que productores expresaron en rechazo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, acusó que las afirmaciones que se han hecho contra el proyecto son “actos desesperados” por parte de quienes ver perdidos sus “privilegios” para atemorizar y movilizar a los agricultores.
“Es una aclaración que me parece muy importante, sobre todo, para los productores agrícolas. Es a ellos a quienes se ha intentado desinformar, a quienes se les ha intentado meter miedo. Y yo diría que no es otra cosa que actos desesperados de aquellos que ven perder sus privilegios, de aquellos que durante años se han enriquecido a costillas de un recurso natural tan preciado para todas y todos los mexicanos”, acusó.
- El Dato: El funcionario dijo a La Razón que en Chihuahua, donde hay más protestas, es donde más se ha acaparado el recurso.
Desde la conferencia presidencial aseguró que la reforma permitirá que el agua deje de ser mercantilizada, acaparada y utilizada en un mercado ilegal que ha llevado al enriquecimiento de minorías, por medio de la venta lucrativa de dicho recurso.
Morales López acusó que durante el debate de esta reforma se han impulsado “mentiras” para provocar miedo entre sectores, como productores.
Negó que esta reforma vaya a impedir que quienes cuentan con un título de concesión pueda ser heredado, o que la Conagua vaya a prohibir que cuando alguien venda una propiedad también se venda el título.
Asimismo, negó que se criminalice a los productores por movilizar agua para regar sus cultivos; aclaró que lo único que se establece es un castigo para quienes abusen de un título y como ejemplo de ello mencionó el caso del exgobernador Javier Duarte, quien se construyó una presa e impidió que el agua pudiera llegar por medio de su cauce natural a otros productores.
Además, negó que se vaya a sancionar el traslado de agua por medio de pipas para el riego de cultivos. Mencionó que lo único que se fija es la sanción a la venta de agua, tras su extracción ilegal.
Aclaró que tampoco se contempla reglamentar para prohibir la captación de agua, sino que se buscarán regulaciones administrativas para evitar daños ambientales.
- 500 foros con sectores sociales y productivos realizó Conagua
Sobre los rumores de que Conagua despojará de pozos a quienes cuenten con uno dentro de su propiedad, afirmó que no hay tal plan, ya que se respetará a quienes cuentan con un título en forma.
También recalcó que el sistema permitirá contar con transparencia en el manejo del agua, pero sobre todo, erradicar los esquemas de corrupción por medio del líquido en el país, y con lo cual se apuesta a garantizar dicho recurso en el futuro.
“Se va a tener un sistema de concesiones totalmente transparente, totalmente público, con total certeza para todos los usuarios y, sobre todo, con que haya cero tolerancia a la corrupción.
“Parte de lo que se está estableciendo en la iniciativa es castigar el delito de la corrupción: cuando un funcionario público otorga títulos de concesión a cambio de dádivas o de recursos, cuando hay un corruptor que ofrece recursos o dádivas para obtener un título de concesión. Ésas son las verdaderas sanciones que se establecen”, dijo.
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