La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reveló este lunes un abandono sistemático en materia de transparencia que dejó sin resolver más de 80 recursos de revisión, algunos desde 2020.
Esto ocurre luego de que el Comité Especializado de Ministros en Transparencia dejara de sesionar durante más de 860 días por la imposibilidad de “compaginar agendas” de los anteriores ministros.
El ministro Arístides Guerrero denunció la gravedad de la situación al señalar que “pasaron más de 860 días sin que hubiera una sesión del Comité de Transparencia” desde el 23 de abril de 2023, lo que derivó en “incumplimientos desde el año 2019” y recursos sin atender desde 2020. Esta inactividad, implica incumplimientos a la Constitución, a la Ley General de Transparencia y a tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.
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“Para mí eso, y lo digo de manera clara, se traduce en irresponsabilidad. El no haber llevado a cabo sesiones del Comité Especializado de ministros en materia de transparencia o haber tenido olvidada la transparencia”, afirmó Guerrero durante un encuentro con periodistas que cubren las actividades de la corte.
Hugo Aguilar, estableció como prioridad marcar una ruptura con las prácticas anteriores: “Si nosotros regresamos a los principios que sustentaban la corte anterior, ministros que no escuchan, ministros que no dialogan, una corte encerrada en sus paredes. No habrá cambio, regresaremos a la misma dinámica, la misma lógica, a la misma inercia”.
Aguilar Ortiz subrayó que el mayor reto institucional es “consolidar el cambio” iniciado con la reforma judicial y mantener “la cercanía con el pueblo, la austeridad, el profesionalismo y la rigurosidad en el abordaje y la solución de los asuntos”.
- 5 años estuvieron relegados los casos en materia de transparencia
La parálisis del Comité de Transparencia representa uno de los síntomas más evidentes de lo que la nueva Corte califica como aislamiento institucional.
Durante casi tres años, las solicitudes de acceso a la información quedaron en el limbo burocrático, sin que los entonces ministros priorizaran su resolución. Este abandono contrasta dramáticamente con el discurso actual que busca proyectar una imagen de apertura y rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
Arístides Guerrero enfatizó que “transparencia es igual a certeza” y anunció que el comité recién instalado, integrado por los ministros Irving Espinosa, Sara Irene Herrerías y él mismo, tiene como meta “ser el Tribunal Constitucional más transparente de la historia y del mundo”.
El ministro subrayó la importancia del acceso a la información para el ejercicio periodístico y la rendición de cuentas: “Creo yo importante, por ejemplo, para el ejercicio del periodismo, pues importantísimo que conozcan el contenido de las sentencias, que conozcan la estadística, que puedan ir viendo cuáles son los criterios que vamos teniendo cada una y cada uno de los ministros porque, insisto, eso se traduce en certeza”.
Guerrero destacó que la transparencia permite una “justicia abierta” que beneficia a toda la sociedad al hacer visible el trabajo y los criterios del máximo tribunal constitucional del país.
El ministro Giovanni Figueroa anticipó que entre los temas prioritarios que discutirá el pleno para 2026 se encuentran la prisión preventiva oficiosa, la distinción entre salarios mínimos y UMAS y la consulta previa a personas con discapacidad.
“No podemos regresar a aquello que criticamos, una Suprema Corte encerrada en una burbuja con muchos privilegios”, advirtió Figueroa.
El ministro presidente garantizó que todos los sectores, “los de abajo, como los inversionistas, como los empresarios”, tendrán “el respaldo de la corte, la certeza jurídica de la corte cuando corresponda”.
Ministros van a resolver sobre cambios al aborto
› Por Tania Gómez
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá en enero de 2026 un proyecto de resolución que rechaza categóricamente la reducción de plazos para acceder a la interrupción legal del embarazo, al establecer que seis semanas es un periodo tan restrictivo que prácticamente anula el derecho de las mujeres a decidir.
El proyecto de sentencia con base en las acciones de inconstitucionalidad 172/2024 y 173/2024, establece que el derecho penal no es una vía constitucional válida para proteger la vida en gestación, y que reducir arbitrariamente los plazos para acceder al aborto voluntario, viola los derechos fundamentales de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Se trata de una referencia al caso de Aguascalientes, donde el Congreso estatal redujo de doce a seis semanas el plazo para recurrir a la interrupción legal del embarazo.
En un encuentro con periodistas, el ministro Irving Espinosa, encargado del proyecto, explicó que se redujo por parte de la autoridad el número de semanas: “entonces, este es el motivo de la discusión. El problema es que se reduzca”.
- El Tip: El Proyecto de la SCJN establece como inconstitucional la reducción del plazo para el aborto legal que se legisló en Aguascalientes.
Espinosa Betanzo aclaró que “el aborto ya está despenalizado en México desde 2023” y precisó que “el proyecto tiene por objetivo revisar que se disminuyó el número de semanas relacionadas para poder interrumpir legalmente el embarazo”.
La ministra Loretta Ortiz ofreció la fundamentación científica que sustenta el plazo de 12 semanas establecido en la jurisprudencia vigente: “Científicamente hay una diferencia de doce a seis semanas. Cuando están las 12 semanas de gestación es el punto, o sea, más tiempo tampoco es posible. Es el punto exacto cuando se empieza a formarse la corteza cerebral. Antes de eso teníamos un cigoto”.
El ministro presidente Hugo Aguilar advirtió que varios estados incumplen la jurisprudencia de la Corte en la materia: “tenemos otros muchos (estados) que no la han ajustado, que podríamos decir que están en incumplimiento de esta jurisprudencia de la Corte porque lo que hay es jurisprudencia obligatoria”.
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LMCT