El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá en enero de 2026 un proyecto de resolución que rechaza categóricamente la reducción de plazos para acceder a la interrupción legal del embarazo, al establecer que seis semanas es un periodo tan restrictivo que prácticamente anula el derecho de las mujeres a decidir.
El proyecto de sentencia con base en las acciones de inconstitucionalidad 172/2024 y 173/2024, establece que el derecho penal no es una vía constitucional válida para proteger la vida en gestación, y que reducir arbitrariamente los plazos para acceder al aborto voluntario, viola los derechos fundamentales de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Se trata de una referencia al caso de Aguascalientes, donde el Congreso estatal redujo de doce a seis semanas el plazo para recurrir a la interrupción legal del embarazo.
Mañanera de Sheinbaum: martes 16 de diciembre
En un encuentro con periodistas, el ministro Irving Espinosa, encargado del proyecto, explicó que se redujo por parte de la autoridad el número de semanas: “entonces, este es el motivo de la discusión. El problema es que se reduzca”.
- El Tip: El Proyecto de la SCJN establece como inconstitucional la reducción del plazo para el aborto legal que se legisló en Aguascalientes.
Espinosa Betanzo aclaró que “el aborto ya está despenalizado en México desde 2023” y precisó que “el proyecto tiene por objetivo revisar que se disminuyó el número de semanas relacionadas para poder interrumpir legalmente el embarazo”.
La ministra Loretta Ortiz ofreció la fundamentación científica que sustenta el plazo de 12 semanas establecido en la jurisprudencia vigente: “Científicamente hay una diferencia de doce a seis semanas. Cuando están las 12 semanas de gestación es el punto, o sea, más tiempo tampoco es posible. Es el punto exacto cuando se empieza a formarse la corteza cerebral. Antes de eso teníamos un cigoto”.
El ministro presidente Hugo Aguilar advirtió que varios estados incumplen la jurisprudencia de la Corte en la materia: “tenemos otros muchos (estados) que no la han ajustado, que podríamos decir que están en incumplimiento de esta jurisprudencia de la Corte porque lo que hay es jurisprudencia obligatoria”.
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LMCT
