Los puntos de autoconsumo de combustible, que suelen ser patios de carga para flotillas empresariales o instalaciones industriales que abastecen hidrocarburos sin venderlo a terceros han alcanzado un punto alarmante en México, no sólo porque ya triplican en número a las estaciones de servicio convencionales, las típicas gasolineras, sino porque la gran mayoría opera sin permisos, sin calibraciones certificadas y sin controles volumétricos, lo que da pie a que sean distribuidoras del huachicol.
Aunque no existen cifras oficiales, según datos de asociaciones de gasolineras, en el último año hubo un crecimiento superior al 80 por ciento en el número de puntos de autoconsumo, tomando en cuenta que, en 2024, la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (Ampes) reportó que había 22 mil puntos de este tipo y, al cierre de este 2025, la unión de asociaciones de empresarios de la industria de hidrocarburos líquidos, Onexpo, estimó que la cifra ya ronda los 40 mil.
- El Dato: El sábado, la FGE de Oaxaca desmanteló una red ligada al CJNG, en la cual sus operadores usaban la fachada de una empresa transportista para el robo de hidrocarburos.
Esto significa que los puntos de autoconsumo casi triplican el número de estaciones de servicio que, según estas asociaciones, suman entre 13 mil y 14 mil operativas.
Si bien no todos los puntos de autoconsumo están en la ilegalidad, Oxfam estima que de los 40 mil reportados este 2025, menos de 400 cumplen con las regulaciones actuales, lo que significa, menos del 10 por ciento del total.
De acuerdo con la organización Insight Crime, estos puntos de autoconsumo forman parte de la cadena de demanda del combustible robado, ya que incluyen compradores de la economía informal y también empresas que integran la economía formal.
En estos puntos, añadió, la distribución del huachicol se puede dar de manera forzada, con amenazas a las empresas formalmente establecidas o bien, a través de empresas fachada o actores cómplices.
- 40 mil puntos de autoconsumo estiman que hay en el país
Este canal de distribución, según Insight Crime, forma parte del salto que han dado los grupos criminales más grandes de México, al pasar del robo tradicional, a través de la extracción ilegal en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) o robo de bidones o pipas, a la formación de un atraco industrial, con redes de contrabando que incluye a empresas y que incluso han rebasado fronteras para incidir también en el sector energético de Estados Unidos.
En este contexto, la percepción del robo de combustible como un comercio informal y visible en carreteras resulta limitada, pues detrás existe una estructura mayorista que abastece a gobiernos municipales, empresas de transporte, gasolineras y constructoras, de acuerdo con el especialista en seguridad David Saucedo.
Explicó que existen cuatro grandes grupos de compradores de combustible de origen ilícito. En primer lugar, los gobiernos municipales, debido a que el gasto en combustible se encuentra entre los rubros más importantes de su presupuesto operativo, sólo por debajo del pago de nómina.
En ese sentido, señaló que patrullas, ambulancias y camiones recolectores de basura requieren un consumo constante de gasolina y diésel, lo que ha llevado a que algunos ayuntamientos, en colusión con redes criminales, adquieran combustible robado para reducir costos.
Otro grupo relevante, indicó, son las gasolineras, algunas de las cuales mezclan combustible legal con producto ilícito para incrementar sus márgenes de ganancia. Según el especialista, históricamente la venta de huachicol ha sido predominantemente mayorista y dirigida a este tipo de establecimientos formales.
Asimismo, destacó a las empresas de transporte, tanto de carga como de pasajeros, como consumidores naturales del combustible ilegal, debido al alto volumen que requieren para operar de manera cotidiana.
El sector industrial también forma parte de la cadena de demanda, particularmente las empresas constructoras, que utilizan grandes cantidades de diésel para maquinaria pesada, así como ciertas fábricas cuyos procesos productivos dependen de la quema constante de combustible.
Saucedo subrayó que, aunque la venta de gasolina robada a pie de carretera existe, su impacto es marginal frente al volumen que se mueve a través del mercado mayorista, lo que demuestra que el huachicol nunca fue un delito de pequeña escala, sino una operación de carácter industrial desde sus inicios.
Concluyó que el huachicol se mantiene porque resulta funcional para diversos sectores de la economía. Los compradores obtienen combustible a menor costo, las organizaciones criminales generan ganancias significativas y, en medio, la corrupción permite que el mercado paralelo opere con protección e información privilegiada.
Este esquema, advirtió, perjudica directamente al Estado mexicano por la pérdida de ingresos fiscales y a Pemex, debido al impacto en su producción y distribución.
La identificación de estos grandes compradores, añadió, tiene implicaciones directas para el combate al huachicol, ya que evidencia que no se trata de un fenómeno vinculado a la pobreza, sino de un entramado de corrupción que involucra a actores formales.
Por ello, consideró necesario que las investigaciones no se limiten a quienes extraen ilegalmente el combustible, sino que alcancen a quienes lo adquieren: gasolineras con permisos, empresas legalmente constituidas y gobiernos con recursos públicos.
Mientras exista una demanda estructurada de combustible robado, concluyó, el huachicol continuará operando como un sistema en el que lo ilícito se inserta en lo formal y se normaliza dentro de la actividad económica cotidiana.