Tras 18 años de conflicto laboral, este martes se formalizó la resolución de la histórica huelga de trabajadores mineros de Cananea, a través de un acuerdo tripartito que incluye un fondo de dos mil 222.6 millones de pesos para ejecutar un Plan Integral de Justicia Ambiental y Justicia Social, que beneficiará a los trabajadores y las comunidades afectadas por el derrame del río Sonora.
Acompañada del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, encabezó la presentación de resultados de las acciones coordinadas por el Gobierno de México para poner fin a este problema. Detalló que el acuerdo contempla la aportación del 70.14 por ciento por parte de Grupo México, 21.7 por ciento de la Federación y ocho por ciento de la entidad.
- EL DATO: EL PLAN de Justicia para Cananea surgió en julio de 2021 por iniciativa del expresidente AMLO y en noviembre de 2024, la Presidenta Sheinbaum ordenó retomar las negociaciones.
“Estamos en un acto histórico, porque hoy terminan 18 años largos de lucha”, afirmó la secretaria de Gobernación durante su intervención, en la que subrayó que la resolución fue posible “gracias a la buena voluntad y al impulso de la Presidenta de México”.
Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo calificó como histórico el acuerdo que pone fin a la huelga minera, resultado de más de un año de negociaciones complejas, marcadas por diferencias, desencuentros y persistencia. Destacó que este pacto responde a una deuda histórica que por años fue ignorada por administraciones anteriores, tanto estatales como federales, y que hoy se atiende gracias a la voluntad política del actual Gobierno federal y al acompañamiento permanente del Gobierno de Sonora.
Durazo Montaño resaltó “la sensibilidad social de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al retomar conflictos que se arrastraban desde hace casi dos décadas”, y reconoció la disposición de las autoridades federales, de los representantes de los trabajadores y de la empresa involucrada para alcanzar soluciones de fondo.
El plan contempla que “los trabajadores mineros o sus viudas reciban directamente el recurso, sin intervención de nadie”, además de acciones ambientales y de salud pública que incluyen la construcción de 16 plantas potabilizadoras, un hospital regional de 60 camas con 21 consultorios de especialidad, un centro para la salud renal y un laboratorio especializado de metales pesados y toxicología.
Para esto, Grupo México aportará mil 500 millones de pesos, más 59 millones depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre 2018 y 2019, mientras que el Gobierno federal contribuirá con 483.6 millones y el estado de Sonora con 180 millones de pesos.
Las acciones ambientales estarán coordinadas por la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y el IMSS-Bienestar, e incluyen el establecimiento de estaciones de monitoreo de calidad del agua en el río Sonora, un laboratorio regional especializado y mejoras en la infraestructura de salud del estado.
Rosa Icela Rodríguez reconoció que “hubo resistencias, pero también apertura y cooperación de todas las partes” para llegar al acuerdo, que pone fin a uno de los conflictos laborales más prolongados en la historia reciente de México y atiende simultáneamente el daño ambiental en las comunidades del río Sonora.
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