El senador Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para prohibir el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles a las y los estudiantes de nivel básico, durante el horario escolar.
La propuesta plantea adicionar un párrafo al artículo 84 de dicha ley, con el objetivo de recuperar ambientes de aprendizaje libres de distracciones tecnológicas, fortalecer la atención, la convivencia escolar y el desarrollo cognitivo, emocional y social de niñas, niños y adolescentes.
El legislador reconoce que el teléfono celular no es un enemigo de la educación cuando se utiliza con fines pedagógicos y bajo la guía docente; sin embargo, advierte que su uso libre y sin control en las aulas se ha convertido en una fuente constante de distracción, fragmentación de la atención y aprendizaje superficial.
Señalando que la multitarea digital, como revisar mensajes o redes sociales durante las clases, reduce la capacidad de concentración y afecta la memoria de trabajo, lo que impacta negativamente en la comprensión y el pensamiento crítico.
Además, se advierte que la dependencia al celular se ha vinculado con ansiedad, insomnio, aislamiento social y dificultades para la convivencia cara a cara.
La iniciativa retoma estudios que indican que una mayoría del alumnado acude con su celular a la escuela y que 94 por ciento del personal docente considera que su uso afecta el rendimiento académico. Asimismo, se citan investigaciones que relacionan el uso temprano e intensivo de teléfonos inteligentes con afectaciones a la salud emocional, especialmente en menores de edad.
¿Qué efectos ha tenido la prohibición de celulares en las aulas en otros países?
Como parte del sustento, el senador Anaya expone experiencias de países como Francia, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Canadá y España, donde se han implementado restricciones o prohibiciones al uso de celulares en escuelas, con resultados positivos como mejoras académicas, reducción del acoso escolar y fortalecimiento del sentido de comunidad.
En estos casos, se permite el uso de dispositivos únicamente con fines pedagógicos, por razones de salud o necesidades específicas, siempre bajo autorización del personal docente.
La propuesta subraya que la medida no vulnera derechos, sino que los protege, al garantizar el derecho a una educación integral, a la salud, a la seguridad y al libre desarrollo de la personalidad, conforme a lo establecido en el artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por su parte, el senador sostiene que prohibir el uso de celulares en las escuelas primarias y secundarias no es un castigo, sino una acción para defender el tiempo, la atención y la infancia, y avanzar hacia una educación más humana, crítica y socialmente comprometida.
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MSL