Y apenas empiece el año los que se van a tener que poner las pilas son los gobernadores. Y es que, nos recuerdan, a partir de la aprobación de la nueva legislación en materia de extorsión, las entidades federativas deben, como se dice en términos legislativos, armonizar sus leyes locales con la legislación federal. El plazo para que las iniciativas sean turnadas a los Congresos locales es el 31 de enero, así que estarán contrarreloj y no podrán fallar, porque es sabido que la estrategia para combatir ese delito —que ha seguido al alza— viene del Gobierno federal. No serán los únicos que se deberán aplicar, según reportes periodísticos. También lo tiene que hacer la Fiscalía General de la República, que debe emitir un manual de operaciones de las fiscalías o unidades especializadas para la atención de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión a más tardar el último día hábil de febrero. Ahí el recordatorio.
