Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron este domingo que no utilizarán las camionetas blindadas que recientemente adquirieron, y que, además, solicitarán su devolución o reasignación tras una creciente polémica en torno al gasto.
La decisión fue comunicada oficialmente por el máximo tribunal, que señaló que los nueve ministros y ministras acordaron no hacer uso de estas unidades de lujo y comenzarán el proceso para regresarlas. En caso de que no se puedan devolver, las camionetas podrían ponerse a disposición de otros juzgadores que enfrentan mayores riesgos en su labor.
- El Dato: ricardo monreal, coordinador de los diputados de Morena, mencionó que la compra de camionetas de la Suprema Corte contradice los principios de la 4T.
A través de una publicación en redes sociales, el máximo tribunal detalló que esta se tomó la decisión por su “compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo”, después de que el costo de las unidades Jeep Grand Cherokee, hasta un millón 777 mil pesos por cada una, fuera motivo de controversia.
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“Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable.
“Ministras y ministros de esta SCJN informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”Suprema Corte de Justicia de la Nación
“Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, señaló.
La compra de los vehículos para cada uno de los ministros, fue aprobada por motivos de seguridad. Según la SCJN, su adquisición respondía a una normativa interna, que permite la renovación del parque vehicular cada cuatro años o cuando los que están en uso ya no cumplan con las condiciones de seguridad adecuadas.
Las nueve camionetas, adquiridas con aprobación de las y los ministros, contaban con blindaje y otras medidas de seguridad.
Incluso, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la medida argumentando que, con la compra de las mismas, la SCJN ahorraría más de mil millones de pesos que eran utilizados para rentar vehículos.
Sin embargo, la Suprema Corte decidió no utilizar las unidades argumentando compromiso con el “uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo”.
Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdaderaSuprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en X
En este contexto, el abogado y constitucionalista de la UNAM Francisco Burgoa señaló que la “devolución” no evita el gasto ni el daño político (porque de credibilidad, mejor ya no hablamos).
Lo único que demuestra la “nueva” SCJN, dijo, es que la presión social fue más eficaz que la autocrítica institucional y la supuesta austeridad.
Si realmente quisieran congruencia, empezarían por ser transparentes en todo, por renunciar a los privilegios de los que tanto se quejaban de la “vieja” Corte y por ser responsables en el ejercicio presupuestal, refirió.
La controversia se desató después de que se diera a conocer que el tribunal había adquirido nueve camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas, destinadas a cada uno de los ministros, dentro de una renovación de su parque vehicular que estaba en marcha desde finales de 2025.
De acuerdo con reportes locales, estas unidades habían sido justificadas por la Corte con argumentos de seguridad institucional, argumentando que los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares necesarios.
La decisión se dio después de una fuerte reacción de la opinión pública y las críticas por la aparente contradicción entre esta compra y los discursos sobre austeridad y responsabilidad en el gasto público llevaron finalmente a que los propios ministros optaran por no utilizarlas.
En este sentido, la dependencia explicó que los vehículos que tenían desde 2019 ya no cumplían con los estándares de seguridad necesarios para proteger a los integrantes del órgano judicial, por lo que, según su comunicado, era imprescindible actualizarlos conforme a la normatividad interna vigente.
De acuerdo con información de diversos medios de comunicación, cada unidad fue valuada en alrededor de más de un millón de pesos, con variaciones según versión y equipamiento. No obstante, la institución aseguró que la renovación se hizo “en estricto apego a la normatividad y con criterios técnicos de seguridad” para garantizar la integridad personal de ministras y ministros sin comprometer el presupuesto institucional.
Finalmente, la SCJN convocó a una conferencia de prensa para este lunes 26 de enero en sus instalaciones, aunque no precisó hora de la invitación.
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