El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó en votación económica dos dictámenes de la Segunda Comisión —de Asuntos Sociales— mediante los cuales se exhorta a autoridades federales y locales a fortalecer la regulación de procedimientos médico-quirúrgicos estéticos en menores de edad y a garantizar la correcta implementación de la llamada Ley Silla en los centros de trabajo.
El primer dictamen solicita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reforzar la vigilancia, regulación y control sanitario de procedimientos estéticos quirúrgicos practicados a niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, exhorta a los congresos de las 32 entidades federativas a analizar y, en su caso, fortalecer o legislar de manera específica sobre este tipo de intervenciones en personas menores de 18 años.
Una tras otra
El documento advierte que el marco jurídico actual no establece una prohibición expresa ni una regulación diferenciada para estas cirugías en menores, lo que ha generado un vacío legal que permite intervenciones invasivas, irreversibles o de alto riesgo sin justificación médica.
Al fundamentar el dictamen, la diputada María Rosete (Morena) señaló:
“Hoy enfrentamos un vacío legislativo que permite que menores de edad sean sometidos a cirugías estéticas de alto riesgo con el solo consentimiento de madres, padres o tutores, sin dimensionar las consecuencias que pueden acompañarles de por vida”.
Indicó que los riesgos van desde infecciones y complicaciones postoperatorias hasta la pérdida de la vida, por lo que se debe avanzar hacia la prohibición expresa de procedimientos con fines exclusivamente estéticos en menores, salvo aquellos con indicación médica acreditada.
La diputada Olegaria Carrazco Macías (Morena) subrayó que México ocupa el sexto lugar mundial en procedimientos estéticos y que una proporción se realiza en jóvenes sin regulación clara, mientras que la diputada Celia Esther Fonseca (PVEM) alertó que 33.8% de estas cirugías corresponde a pacientes menores, en un contexto de “vacío normativo”.
Desde la oposición, la senadora Gina Campuzano (PAN) sostuvo que el tema “exige respuestas serias y responsables”, y el senador Ángel García Yáñez (PRI) afirmó que no se debe jugar con la salud de niñas, niños y adolescentes.
Piden reforzar Ley Silla
El segundo dictamen exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a continuar acciones de información, orientación y acompañamiento para la adecuada aplicación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo conocida como Ley Silla, que reconoce el derecho de las personas trabajadoras a contar con asientos con respaldo durante su jornada.
El dictamen señala que su cumplimiento no se limita a colocar mobiliario, sino que implica un cambio estructural en la gestión laboral, con asientos adecuados y ubicados en el área de trabajo o en zonas cercanas.
La diputada María Rosete destacó que persiste una brecha entre la ley y la realidad, pues miles de personas siguen obligadas a permanecer de pie durante largas jornadas.
“Garantizar el cumplimiento de la ley no solo es legalidad, es justicia social y reconocimiento al trabajo digno”.
La diputada Laura Hernández García (MC) señaló que la implementación ha tenido confusiones y deficiencias, por lo que la autoridad laboral debe asegurar su cumplimiento integral.
Por su parte, la diputada Jazmín Yaneli Villanueva Moo (Morena) enfatizó:
“La dignidad laboral no es negociable; no se trata de una disputa por una silla, sino por el modelo laboral del país”.
El dictamen advierte que el incumplimiento puede derivar en multas e incluso suspensión temporal de operaciones en casos graves de reincidencia.
Ambos acuerdos reflejan —según legisladores— la necesidad de fortalecer la protección a sectores vulnerables: la niñez frente a riesgos médicos innecesarios y las personas trabajadoras frente a condiciones laborales que afectan su salud.
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LMCT