El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó un Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a atender de manera urgente, integral y definitiva la falta de pago de sueldos, prestaciones y estímulos laborales que enfrentan docentes y personal administrativo de Institutos Tecnológicos en el país.
El documento, turnado a la Comisión Permanente, plantea la necesidad de garantizar el respeto pleno a los derechos laborales y humanos de los trabajadores, así como asegurar la continuidad del servicio educativo público sin afectaciones para la comunidad estudiantil.
El coordinador parlamentario del PRI expuso el caso de Campeche, donde —señaló— en días recientes se han difundido en redes sociales protestas pacíficas de personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico de la entidad, adscrito al Tecnológico Nacional de México, quienes denuncian adeudos que se arrastran desde el ejercicio fiscal 2024 y que no han sido regularizados.
En dichos materiales, agregó, se observa a trabajadores laborando bajo protesta, colocando mantas y exigiendo el cumplimiento de obligaciones patronales por parte del Estado.
“No se trata de demandas extraordinarias ni de privilegios, sino del pago de derechos ya devengados”, subrayó.
Moreira advirtió que la situación ha escalado al punto de existir riesgo de suspensión de labores, no como medida de presión política, sino como consecuencia del agotamiento de los canales institucionales de diálogo y la falta de respuestas concretas de las autoridades.
De acuerdo con las y los docentes afectados, detalló, entre las principales exigencias se encuentran: el pago inmediato de prima vacacional; estímulos por puntualidad y asistencia; estímulos al desempeño académico; pago de promociones docentes del ciclo 2024–2025; regularización administrativa de movimientos de personal ya dictaminados pero no reflejados en nómina, así como la instalación de mesas formales de diálogo con autoridades federales, con plazos y compromisos verificables.
El legislador precisó que 133 docentes y 58 trabajadores administrativos están directamente afectados, lo que representa una proporción sustantiva de la plantilla laboral y pone en riesgo la estabilidad académica de cientos de estudiantes.
El exgobernador de Coahuila sostuvo que la falta de pago oportuno de salarios y prestaciones constituye una violación directa al artículo 123 constitucional, además de vulnerar derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Consideró inadmisible que quienes sostienen la educación pública enfrenten incertidumbre económica por fallas administrativas del propio Estado y señaló que la falta de coordinación entre la SEP, el Tecnológico Nacional de México y la SHCP refleja una deficiente gestión del presupuesto educativo.
Por ello, hizo un llamado a ambas dependencias a regularizar de inmediato los pagos adeudados y establecer mecanismos estructurales que eviten la repetición de estos conflictos.
“La educación pública es una función estratégica del Estado mexicano. Defender los derechos laborales del magisterio es defender la calidad y continuidad del servicio educativo”, concluyó.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT
