Jueces federales, abogados y defensores de pueblos indígenas participaron por primera vez en un diálogo nacional enfocado en fortalecer el acceso a la justicia para las comunidades originarias, en un encuentro realizado en la capital veracruzana.
El ejercicio fue organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 1 de febrero, y reunió a 120 participantes, quienes trabajaron en cinco mesas de análisis para identificar los principales retos que enfrentan los pueblos indígenas en el sistema judicial mexicano.
El primer Diálogo por la Justicia Abierta marca un precedente en la relación entre el Poder Judicial de la Federación (PJF) y los pueblos originarios, al abrir espacios de participación ciudadana directa para identificar las barreras que enfrentan las comunidades al buscar justicia.
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- 120 especialistas participaron en las mesas de trabajo jurídicas de la SCJN
La iniciativa es parte de un modelo que se replicará en todas las entidades del país para impulsar el acceso a la información, fomentar la participación social y consolidar la colaboración institucional.
Entre los problemas detectados destacaron la falta de intérpretes, traductores y asesorías especializadas, especialmente para personas que no hablan español o desconocen el funcionamiento del sistema judicial.
Durante el encuentro, el secretario general de la Presidencia de la SCJN, José Hernández Hernández, en representación del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que “solo a través del trabajo conjunto será posible trazar un cauce efectivo que permita atender las necesidades de justicia de la sociedad”.
El funcionario explicó que estos diálogos nacionales, que se replicarán en distintas entidades del país, permitirán diseñar una metodología participativa orientada a responder de forma más adecuada a las demandas de justicia que persisten en México.
Por su parte, Karina López Regalado, directora general de Atención y Participación Social del Máximo Tribunal, enfatizó el compromiso de la Suprema Corte con la apertura democrática, al señalar que la institución abre sus puertas “para incidir en la construcción de la política judicial”.
Agregó que el objetivo es que las sentencias se sustenten “en el diálogo, en el reconocimiento de la diversidad y en la escucha activa del otro y de la otra”.
Entre los resultados más relevantes del encuentro se identificaron propuestas para respetar el ejercicio de la jurisdicción indígena, así como la urgente necesidad de intérpretes, traductores y asesorías especializadas.
Asimismo, se planteó el fortalecimiento de la atención a víctimas de violencia de género, la prioridad en la aplicación de medidas cautelares en materia laboral, y el impulso de programas de certificación y especialización para operadores jurídicos y la ciudadanía en solución de conflictos.
Finalmente, los participantes propusieron resolver de manera conjunta problemáticas jurídicas familiares, con el fin de que una sola persona juzgadora concentre estos casos y agilice su atención.
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