La diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, afirmó que la renuncia de Adán Augusto López Hernández a la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado resuelve un asunto interno de esa bancada, pero no atiende —dijo— el problema de fondo que preocupa a la ciudadanía: la exigencia de justicia y esclarecimiento de diversos señalamientos públicos.
En un posicionamiento, la legisladora sostuvo que mientras no exista —según sus palabras— una investigación clara, un esclarecimiento público y eventuales sanciones en torno al caso conocido como La Barredora, redes de contratos, presunto enriquecimiento no explicado y acusaciones relacionadas con huachicol fiscal, “cualquier reacomodo político resulta irrelevante”.
“Esto no es justicia: es control de daños”, expresó.
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Álvarez Soto subrayó que López Hernández no se retira de la vida pública, sino que ha anunciado que se dedicará al trabajo territorial y de organización política, lo que, a su juicio, implica que una figura “rodeada de señalamientos graves” participe directamente en procesos electorales.
Desde su perspectiva, esto representa un riesgo político y ético. “Los impuestos no se pagan para financiar operadores políticos”, señaló, al considerar que enviar a operar campañas a una figura bajo cuestionamientos públicos “abre riesgos de captura política y de posible financiamiento ilícito”. Incluso, agregó, “hacía menos daño como coordinador parlamentario; hoy hace más daño como operador territorial”.
Señalamientos que —dice— siguen sin aclararse.
La legisladora panista indicó que, en su opinión, continúa sin esclarecerse el vínculo entre el grupo denominado La Barredora, empresas protocolizadas en la notaría de López Hernández y su participación en licitaciones de gobiernos de Morena, particularmente en Tabasco.
También aludió a reportajes periodísticos que han documentado presuntos esquemas de competencia simulada, redes cerradas de proveedores y beneficios reiterados a empresas vinculadas a un mismo entorno político. Señaló que la renuncia no responde preguntas clave sobre por qué participaron esas empresas, bajo qué condiciones y si existieron ventajas indebidas.
“Mientras no haya auditorías, revisiones y sanciones, el tema seguirá abierto”, sostuvo.
Asimismo, mencionó que el nombre del senador ha aparecido en expedientes y testimonios relacionados con presunto huachicol fiscal. Aclaró que se trata de señalamientos y no de sentencias, pero enfatizó que, por su gravedad, ameritan —dijo— una investigación institucional.
“Si son falsos, deben desmentirse con datos; si son ciertos, deben sancionarse. Lo que no es aceptable es el silencio ni la omisión”, expresó.
Finalmente, Álvarez Soto consideró que la llegada de Ignacio Mier a la coordinación de Morena en el Senado no representa un deslinde ni una corrección de fondo, sino “un relevo entre cercanos que garantiza continuidad política y protección interna”.
“No hay ruptura, no hay autocrítica y no hay voluntad de depuración. Morena protege a sus políticos impresentables; no protege a la sociedad”, concluyó.
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MSL
