El estado de las vías, trazo en curvas, instrumentación, locomotoras y vagones del Tren Interoceánico no presenta elementos que impidan una operación segura, de acuerdo con los resultados de evaluaciones técnicas a las que tuvo acceso La Razón, aun cuando eventos relacionados con el accidente en la ruta ferroviaria que recorre el Istmo de Tehuantepec, a finales de 2025, han provocado versiones inexactas sobre el funcionamiento de esta infraestructura.
La información obtenida indica que la rehabilitación de la línea Z, donde ocurrió el incidente, fue ejecutada en apego a la normatividad, toda vez que se sustituyeron rieles, durmientes y balasto con materiales nuevos, se renovó el sub‑balasto y se instalaron fijaciones de alta resistencia para asegurar el escantillón de la vía.
- El Dato: Las curvas en el tramo correspondiente existen desde la construcción de la vía, en el siglo XX, y han permitido el paso de trenes por décadas sin incidentes graves.
En este sentido, el trazo entre Ixtepec y Matías Romero, incluso en la zona de curvas comprendida entre La Mata y Chivela, donde se reportó el evento, cumple con los parámetros técnicos vigentes y es apto para operaciones seguras siempre que se respeten las restricciones de velocidad.
En contraste con versiones que sugieren la ausencia de instrumentación o medidas de seguridad, documentos revisados por La Razón indican que las locomotoras cuentan con velocímetro integrado, sistemas de radiocomunicación P25, pedal de hombre muerto (mecanismo de seguridad cuya función es detener el tren automáticamente si el conductor pierde la capacidad de controlarlo) y alarmas para garantizar la operación segura.
Los informes, que también evaluaron el estado de las vías, arrojan que éstas se encuentran señalizadas de acuerdo con la norma en sus placas kilométricas y el sistema sigue un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para conservar el estándar mínimo de seguridad.
Aunque los reportes reconocen que las locomotoras fueron fabricadas en las décadas de 1980 y 1990, éstas fueron sujetas a procesos de rehabilitación previo a su uso.
“Los coches de pasajeros fueron adquiridos en 2023 y modernizados en sus bogies (estructura móvil con ruedas y ejes, situada bajo los vagones y locomotoras, que sirve de chasis y soporte principal) y frenos para cumplir con las normas de la Asociación Americana de Ferrocarriles (AAR)”, se lee en los datos revisados por este diario.
La Fiscalía General de la República (FGR) señala que el accidente se debió al exceso de velocidad en la curva de Nizanda, Oaxaca, donde se registró una velocidad de 65 kilómetros por hora, donde el límite era de 50. La investigación concluyó además que no se detectaron fallas en rieles, durmientes, balasto, ruedas o frenos; todos los componentes cumplían con la normatividad y no presentaban condiciones que pusieran en riesgo la operación.
De acuerdo con la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, corresponde a la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) determinar las características y especificaciones de las vías férreas y verificar que se cumplan las disposiciones aplicables.
La norma de emergencia NOM‑EM‑001‑ARTF‑2022 establece procedimientos para evaluar la conformidad de durmientes y otros componentes y reconoce que la seguridad del ferrocarril depende de la correcta fabricación e instalación de estos elementos. Los registros revelan que la rehabilitación de la línea Z, bajo la supervisión de la ARTF y la Secretaría de Marina (Semar), autoridad a cargo del proyecto, sí se ejecutó en conformidad con estas disposiciones. Además, el cumplimiento de las normas internacionales fue reforzado con la reciente adquisición de coches modernizados, que fueron certificados según los estándares de la AAR.
En días recientes, el Gobierno de México anunció que un tercero independiente evaluará todas las fases del proyecto y que se buscará una certificación internacional antes de reanudar el servicio de pasajeros, en un esfuerzo por fortalecer el sistema ferroviario nacional y enviar un mensaje de la voluntad de las autoridades para colaborar con las investigaciones y auditorías.