El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, recibió del Congreso de Chiapas la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual deriva de una propuesta del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y busca regular la portación de armas reservadas para uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, para que puedan ser usadas por corporaciones de seguridad pública estatales.
En conferencia, acompañado por legisladores locales, el coordinador de diputados de Morena afirmó que Chiapas abre un debate nacional sobre un tema que durante décadas ha sido considerado un tabú, al plantear una alternativa para reducir la brecha entre la capacidad operativa de las policías estatales y el nivel de riesgo que enfrentan territorios con fuerte presencia del crimen organizado.
- El Dato: El legislativo de Chiapas aprobó el 5 de febrero la propuesta del gobernador para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y turnada al Congreso federal.
“El propósito central de esta iniciativa es cerrar la distancia entre las capacidades reales de las corporaciones de seguridad pública y la potencia de fuego que hoy tiene ilegalmente la delincuencia”, explicó.
Detalló que la propuesta busca modificar la ley para permitir, de manera excepcional, regulada y bajo supervisión, que las policías estatales puedan portar armamento que actualmente es de uso exclusivo del Ejército, sin que ello implique militarizar a las corporaciones civiles.
Dijo que la iniciativa enviada por el gobernador Eduardo Ramírez fue aprobada por unanimidad en el Congreso local y presentada ante la Cámara de Diputados por un grupo plural de legisladores locales, en ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 71 de la Constitución.
Indicó que la propuesta respeta los principios constitucionales, mantiene el carácter civil de las instituciones de seguridad pública y reserva a la Fuerza Armada Permanente las funciones vinculadas a la seguridad nacional. Asimismo, establece que la Secretaría de la Defensa conservará el control absoluto sobre permisos, licencias y resguardos del armamento.
