La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y niñas, Reem Alsalem, calificó como “alarmantes” las cifras de feminicidio que se registran a nivel mundial, incluido México, y advirtió sobre regresiones significativas en materia de igualdad de género, pese a los avances legislativos alcanzados en las últimas décadas.
Durante una conferencia magistral dictada en la Cámara de Diputados, la experta alertó que, aunque en el mundo se han aprobado más de mil reformas legales en favor de la equidad de género, la violencia contra mujeres y niñas persiste en niveles “epidémicos”.
En el evento, la relatora presenció el momento en que la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada de Morena, Anaís Burgos, fue increpada por asistentes, quienes cuestionaron que destinara la mayor parte de su intervención a resaltar las políticas del actual Gobierno en materia de mujeres.
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Alsalem señaló que, a nivel mundial, las mujeres gozan de aproximadamente el 77 por ciento de los derechos legales reconocidos a los hombres; sin embargo, advirtió que el reconocimiento jurídico no ha sido suficiente para frenar la violencia.
Solo en 2024 —indicó— un promedio de 137 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente cada día en el mundo, y el 60 por ciento de ellas a manos de sus parejas o familiares. No obstante, subrayó que existe un “subregistro grave y significativo” en estos casos.
Como ejemplo, mencionó los asesinatos vinculados al crimen organizado, las desapariciones forzadas, la violencia armada y la trata de personas, fenómenos que muchas veces no son clasificados adecuadamente como feminicidios.
La relatora recordó que, en el examen realizado a México en 2025, el Comité de la Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) reconoció un aumento de la violencia contra mujeres y niñas perpetrada tanto por actores estatales como no estatales.
Asimismo, señaló la persistencia de desapariciones de mujeres, deficiencias en la investigación, obstáculos en la reparación del daño y apoyos insuficientes para las familias de las víctimas.
La impunidad sigue siendo la barrera fundamental para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas y esta es la realidad en todo el mundoReem Alsalem
Alsalem advirtió que existe una brecha entre los compromisos internacionales asumidos por los Estados y su implementación efectiva a nivel nacional, lo cual se refleja en la falta de datos desagregados, la corrupción, la impunidad y la ausencia de respuestas judiciales con perspectiva de género.
La especialista sostuvo que la violencia contra las mujeres se exacerba por la desigualdad estructural, la pobreza, el desplazamiento forzado y el crimen organizado, pero también por la creciente militarización y las políticas de austeridad adoptadas por diversos gobiernos.
Explicó que los recortes presupuestales han debilitado a organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos, además de afectar refugios, asistencia jurídica y servicios de protección.
“Estas medidas de austeridad (…) han resultado en recortes graves en refugios para mujeres víctimas de violencia, asistencia jurídica y servicios de protección”, expresó.
También alertó sobre una erosión del derecho internacional humanitario y denunció que la violencia sexual se utiliza cada vez más como arma de guerra. Como ejemplo, mencionó la situación en Afganistán, donde, afirmó, se está configurando “un tipo de genocidio hecho a las mujeres y las niñas”, no solo en términos físicos, sino también psicológicos, civiles y sociales.
La relatora lamentó que América Latina se haya convertido en destino para la industria de la gestación subrogada, la cual —aseguró— explota a mujeres en situación de pobreza mediante contratos abusivos que pueden derivar en coerción y violencia económica y psicológica.
Advirtió además que los niños nacidos mediante este esquema pueden quedar expuestos a delitos como la trata de personas y la explotación sexual.
“Hoy se puede comprar un menor sin requisito (…) hay muchos niños de los cuales no sabemos nada”, reconoció.
Finalmente, Alsalem exhortó a los Estados a cumplir plenamente su obligación de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra mujeres y niñas, así como a garantizar recursos centrados en las sobrevivientes e invertir de manera sostenida en justicia y servicios de apoyo.
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LMCT
