En medio del debate sobre una eventual reforma electoral, el abogado y consultor electoral Arturo Espinosa Silis, socio director de Strategia Consultores, advirtió que el proceso avanza “entre incertidumbre y contradicciones”, ante la ausencia de una iniciativa formal y la integración de una comisión dominada por perfiles afines al Ejecutivo federal.
El especialista consideró que la discusión pública se ha centrado en planteamientos como la eliminación de legisladores plurinominales, el recorte al financiamiento público de los partidos y la desaparición de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), sin que exista un documento técnico claro que detalle alcances, diagnóstico y objetivos.
Silis subrayó que resulta contradictorio cuestionar las reglas actuales cuando fueron, precisamente esas normas, las que permitieron la alternancia y el ascenso del partido hoy en el poder: “Las reglas vigentes garantizaron competencia, pluralidad y transición pacífica. Modificarlas sin un diagnóstico sólido puede generar más problemas que soluciones”.
A juicio del experto, más que responder a una necesidad institucional urgente, la reforma parece atender a compromisos políticos pendientes desde procesos anteriores.
Arturo Espinosa advirtió que cambios estructurales sin consenso amplio podrían debilitar el Estado de derecho y generar tensiones en la gobernabilidad. Particularmente, expresó preocupación por propuestas que impliquen reducir contrapesos o concentrar funciones electorales, lo que podría afectar la confianza ciudadana en los procesos democráticos.
Actualmente, el sistema electoral mexicano se sustenta en instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), organismos que han sido centrales en la organización y validación de los comicios.
Espinosa Silis alertó sobre el impacto que una reforma polémica podría tener en el entorno político y económico de cara a las elecciones de 2027 y a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“La estabilidad institucional y la certidumbre jurídica son elementos que observan tanto inversionistas como socios comerciales. Una reforma que genere dudas sobre la fortaleza democrática del país podría enviar señales negativas en un momento estratégico”, afirmó.