El diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez advirtió que la reforma electoral impulsada por Morena no puede analizarse como un ajuste técnico ni como una simple redistribución administrativa, sino en el contexto de presunta infiltración del crimen organizado en campañas políticas.
“Lo que debe discutirse es el contexto marcado por la infiltración del crimen organizado en campañas políticas, el financiamiento ilícito y la ausencia sistemática de consecuencias para actores de alto nivel”, sostuvo el legislador.
De acuerdo con Sánchez Rodríguez, los indicios “ya no son aislados”, pues —afirmó— se acumulan testimonios públicos, expedientes filtrados, investigaciones abiertas, sanciones internacionales y señalamientos documentados, sin que existan responsabilidades políticas firmes.
“El patrón es constante: se detiene a operadores, se procesa a mandos medios, se entregan criminales, pero no se investiga a quienes pudieron beneficiarse políticamente”, acusó.
En ese contexto, el Partido Acción Nacional (PAN) fijó una “línea roja clara e innegociable”: no participará en una mesa de negociación sobre la reforma electoral si no se incluye como eje central el combate frontal a la infiltración del crimen organizado en la política y el financiamiento ilícito de campañas.
“Sin sanciones reales, sin nulidad de elecciones cuando haya dinero criminal, sin pérdida de registro para partidos que postulen candidatos vinculados a estructuras delictivas y sin mecanismos estrictos de detección de recursos ilegales, cualquier reforma es simulación”, advirtió.
El legislador señaló que la reforma no puede discutirse “como si estuviéramos en condiciones normales”, al recordar que México viene de la elección más violenta de su historia, con múltiples indicios —dijo— de infiltración criminal en campañas políticas.
“Aquí no se trata de cuántos diputados plurinominales habrá. Se trata de quién está financiando las campañas en este país”, enfatizó. Acción Nacional, insistió, no participará en ninguna negociación que no contemple fiscalización en tiempo real con acceso a inteligencia financiera, nulidad de elecciones cuando se acredite financiamiento criminal, pérdida de registro para partidos que postulen candidatos vinculados al crimen organizado y responsabilidad penal para dirigentes que avalen candidaturas con presuntos nexos delictivos.
Por su parte, Jorge Triana Tena, calificó la iniciativa como “simulación y blindaje político” a Morena.
“La elección federal de 2024 fue la más violenta registrada; hubo asesinatos, amenazas, renuncias forzadas y control territorial por parte del crimen organizado. Pretender discutir la reforma electoral sin tocar la infiltración criminal es ignorar la realidad del país”, declaró.
Triana agregó que no se puede reformar al árbitro sin limpiar el terreno de juego y consideró inadmisible que la propuesta no ponga al centro la presunta captura del sistema político por el crimen organizado.
Como ejemplo, mencionó señalamientos públicos sobre el empresario Sergio Carmona, quien —según testimonios y materiales difundidos— habría financiado campañas de Morena en distintos estados. De acuerdo con esas versiones, el responsable de distribuir esos recursos hacia candidaturas habría sido Mario Delgado, entonces presidente nacional de Morena y actual secretario de Educación Pública.
En tanto, la vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, sostuvo que la reforma “no fortalece la democracia, la debilita”.
“Le recortan recursos al Instituto Nacional Electoral, pero no tocan el financiamiento del crimen organizado. Está claro: sus socios les ayudan a ganar elecciones y por eso no quieren perjudicarlos”, afirmó.
Acción Nacional reiteró que no avalará ninguna reforma electoral que, a su juicio, omita mecanismos estrictos para combatir el financiamiento ilícito y la llamada “narcopolítica”, al considerar que cualquier modificación que no atienda ese problema estructural sería una simulación.
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LMCT
