Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad la reforma al artículo 127 de la Constitución propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que busca fijar un límite a las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos en entidades paraestatales.
El dictamen fue avalado con 15 votos a favor en Puntos Constitucionales y 17 en Estudios Legislativos, aunque el debate entre las bancadas se centró en los riesgos de aplicar el tope a pensiones ya vigentes y en la posible violación al principio constitucional de no retroactividad.
La iniciativa establece que las pensiones y jubilaciones pagadas con recursos públicos en organismos del Estado no podrán superar la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos mensuales, con el objetivo de eliminar las “pensiones doradas”.
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Durante la discusión, el senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, respaldó el propósito de la reforma pero advirtió que su aplicación podría generar conflictos constitucionales.
“Reducir una pensión que ya fue causada y que ya está en curso de pago representa un incumplimiento unilateral por parte del Estado mexicano frente a quienes cumplieron su parte del contrato social”, señaló al alertar sobre la posible violación al artículo 14 constitucional.
“Limitar las pensiones máximas es necesario y urgente, pero también debemos garantizar el Estado de derecho y la certeza jurídica”, subrayó.
Desde el Partido Verde, la senadora Juanita Guerra defendió la reforma como una medida para ordenar el gasto público y eliminar distorsiones en el sistema. Recordó que miles de personas reciben pensiones muy superiores al salario presidencial.
“Cuando los recursos públicos se usan en esquemas desproporcionados se generan inequidades que terminan afectando el equilibrio del sistema”, afirmó, al destacar que el objetivo es “ordenar el uso de recursos públicos bajo criterios de proporcionalidad y responsabilidad financiera”.
Por su parte, Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, coincidió en eliminar pensiones excesivas, pero criticó la técnica jurídica del dictamen y la negativa de la mayoría a modificar el texto.
“Es un verdadero disparate fijar el tope de las pensiones en función del sueldo de la Presidencia de la República”, dijo, al proponer que el límite se establezca en UMAs para evitar variaciones políticas.
También cuestionó que la reforma no incluya a toda la administración pública ni a las Fuerzas Armadas. “Esta consigna de no moverle una coma a las iniciativas presidenciales convierte al Senado en una ventanilla de trámites”, acusó.
La senadora del PRI Carolina Viggiano, advirtió que el dictamen podría sentar un precedente delicado en materia constitucional, y consideró que el problema del gasto público no se resolverá con esta medida.
“Por unos cuantos pesos se está poniendo en riesgo el principio de legalidad y en un futuro puede volverse en contra de ustedes mismos”, advirtió.
Desde Morena, el senador Pavel Jarero sostuvo que mantener pensiones millonarias resulta ofensivo frente a millones de mexicanos que reciben ingresos modestos en su retiro. “Reducir esos privilegios es un acto de justicia; no hacerlo sería una ofensa para el pueblo de México”, dijo.
El dictamen aprobado en comisiones será turnado al Pleno del Senado para su discusión y eventual votación. De aprobarse, el nuevo límite aplicaría a pensiones financiadas con recursos públicos en organismos descentralizados, empresas productivas del Estado, banca de desarrollo y otras entidades paraestatales.
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FGR
