El Plan B de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Senado de la República contempla cambios a dos leyes secundarias con los que se fija topes para reducir la composición de las regidurías, se disminuye considerablemente el presupuesto de los congresos, y se refuerza la vigilancia para evitar que recursos anómalos o de procedencia ilícita lleguen a las campañas y partidos.
Durante conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, subrayó que el objetivo central de la iniciativa es consolidar el principio de austeridad republicana en el ejercicio del poder público.
La reforma plantea cambios a siete artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a cinco de la Ley General de Partidos Políticos.
Entre los puntos más relevantes, se establece que el INE podrá firmar convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para investigar posibles ingresos anómalos en campañas.
En materia de partidos políticos, se incorporan medidas para transparentar las remuneraciones de sus dirigentes, supervisar sus operaciones financieras, fijar un tope salarial de mil 150 UMAS y prohibir el uso de recursos de procedencia ilícita.
Respecto a las estructuras locales, la iniciativa propone reducir el número de regidurías, de forma que se establece un rango de 7 a 15 integrantes, además de limitar a una sindicatura por municipio.
En cuanto a los congresos locales, se fija un tope presupuestal de 0.70 por ciento del gasto total de cada entidad federativa, con el fin de disminuir el costo legislativo.
A nivel federal, se plantea que organismos como el INE, los OPLEs y los tribunales electorales no puedan percibir salarios superiores al de la Presidenta, además de eliminar bonos y seguros de gastos médicos mayores.
También se prevé una reducción paulatina del presupuesto del Senado hasta alcanzar un recorte del 15%.
En materia de revocación de mandato, la propuesta amplía el periodo para su realización, con lo que se permite que se lleve a cabo el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, lo que abriría la posibilidad de realizar este ejercicio en 2027 o 2028.
Rodríguez Velázquez enfatizó que los salarios de los altos funcionarios deben ser dignos pero no excesivos, y reiteró que ningún servidor público debe ganar más que la titular del Ejecutivo.
Finalmente, señaló que los ahorros generados permitirán redirigir recursos a necesidades sociales, y afirmó que la reforma responde a los retos actuales con el objetivo de construir un país más justo y democrático.
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