Y los que, cuentan, se han erigido como jueces de la sintaxis, la gramática y la ciencia legislativa son los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado, quienes condicionaron ayer su apoyo al Plan B electoral que impulsa el Gobierno a que la iniciativa brille por su impecable escritura. “Lo que estamos solicitando es que se precise la redacción”, declaró ayer Alejandro González Yáñez, uno de los petistas que se ha querido ver como uno de los perfiles más críticos del proyecto en la Cámara alta, aun cuando la dirigencia de su partido acordó —ahora sí— respaldar la reforma. Para el legislador hay dos puntos de conflicto con el documento que subirá al pleno la próxima semana: los plazos para la realización de la consulta de revocación de mandato y las facultades de promoción durante el proceso. Dicen que ya entrado en gastos, el senador incluso le puso a la Presidencia de la República la tarea de llevarse su proyecto para que corrija lo que él ve como inquietantes inconsistencias: “Nos daríamos por satisfechos una vez que se atienda nuestra solicitud de precisión”. Qué tal.
