Un operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán, dejó 11 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa abatidos y la detención de un hombre vinculado con la facción de Los Mayos. La cifra convierte a este enfrentamiento en uno de los más letales registrados en una sola acción durante este año —junto con el que derivó en la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en febrero pasado— y marca un golpe relevante contra una de las estructuras históricas del narcotráfico en México.
La intervención comenzó en la localidad El Álamo, donde fuerzas federales irrumpieron —como parte de un despliegue coordinado— en una propiedad de Joel Enrique Sandoval Romero, alias El 19, identificado como uno de los principales representantes de Ismael, El Mayo, Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.
- El Dato: El miércoles fue abatido en un enfrentamiento en Manzanillo, Colima, César Gabriel Zepeda Guzmán, La Barquita, jefe de sicarios de La Mayiza en esa ciudad.
El inmueble sirvió como punto clave del operativo. Ahí, fuerzas navales detuvieron a un sujeto conocido como El Trono, lugarteniente de esta facción del Cártel de Sinaloa y objetivo prioritario.
Durante la intervención, también ubicaron a Mónica del Rosario Zambada Niebla, señalada como hija de El Mayo. Autoridades federales precisaron después que la mujer no enfrenta cargos ni cuenta con mandamientos judiciales, por lo que quedó en libertad tras corroborarse su identidad.
Medios locales también reportaron la detención de Marco Antonio Zazueta Osuna, alias El Zazuetón, esposo de Mónica del Rosario y yerno de Zambada García; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo confirmación oficial de esta aprehensión.
- 1,600 militares fueron enviados a Sinaloa en enero pasado
El especialista en seguridad y crimen organizado Víctor Manuel Sánchez advirtió en entrevista que este episodio revela la complejidad que rodea a este tipo de operativos.
“Son detenciones ambiguas. No queda claro quién era el objetivo: ella, su esposo u otro integrante. La liberación puede explicarse por la ausencia de una orden de aprehensión”, explicó.
El investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) añadió un matiz clave: Mónica Zambada ha sido señalada en investigaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos por posibles vínculos con lavado de dinero, sin que eso derive necesariamente en procesos penales en el país.
“Pudo haber sido detenida sin una causa penal abierta en México. Ésa es una posibilidad”, apuntó.
En contraste, sobre su esposo —Marco Antonio Zazueta— existe un perfil más definido dentro de la estructura criminal. Aun así, Sánchez advirtió que incluso su posible detención se mueve en el terreno de la incertidumbre.
“No hay confirmación oficial. Algunos reportes dicen que fue detenido, otros que también fue liberado. Sigue siendo una especulación”, subrayó.
Horas después del primer despliegue, personal naval ubicó otro inmueble ubicado en una zona considerada bastión histórico de La Mayiza. Al arribar, los elementos fueron recibidos con disparos, lo que detonó un enfrentamiento que dejó 11 presuntos agresores muertos. Tras la refriega también fue detenido Omar Oswaldo Torres Cabada, de 39 años, identificado con el alias de El Patas.
El saldo de agresores muertos, advirtió el especialista, habla de un choque armado de alta intensidad: “No es un número menor. Refleja un enfrentamiento fuerte, con fuego cruzado y respuesta directa del Estado”.
Sin embargo, la magnitud del golpe no se traduce automáticamente en control territorial. Sánchez insistió en que estos operativos suelen tener efectos efímeros.
“La irrupción es relevante, pero no significa que el Estado se quede. En pocos días, la dinámica local puede regresar a lo mismo”, afirmó.
El operativo también se inscribe en un momento de tensiones internas dentro del Cártel de Sinaloa. Para Sánchez, estas acciones pueden alterar equilibrios entre facciones, aunque su impacto suele quedarse en el terreno simbólico. “Puede generar presión o modificar dinámicas internas, pero no necesariamente desmantela la organización”, explicó.
La operación en El Salado no sólo marca uno de los enfrentamientos más letales en lo que va del año, también coloca a este operativo en una posición destacada dentro del mapa reciente de la violencia en México.
De acuerdo con una revisión de La Razón a la dinámica de la violencia a nivel nacional en los últimos 12 meses, el operativo de ayer en El Salado se ubica en el cuarto lugar entre los eventos con mayor número de presuntos criminales abatidos.
Por debajo de este hecho aparecen los operativos en Guasave, Sinaloa, el 3 de noviembre de 2025, y en Villanueva, Zacatecas, el 17 de junio del mismo año, que registraron 13 presuntos criminales abatidos en cada caso. También destaca el despliegue en Huitzontla, Michoacán, el 17 de mayo de 2025, que terminó con 12 bajas.
En la parte más alta aparece el registro de 37 agresores muertos durante el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en Jalisco; sin embargo, ese dato responde a un balance agregado de eventos distintos que ocurrieron en dos días, y no a un solo enfrentamiento.
Para el experto consultado, el despliegue en El Salado exhibió la capacidad del Estado para irrumpir en territorios considerados bastiones criminales, pero también evidenció sus límites. La cifra de 11 abatidos marcó un récord anual en enfrentamientos directos; el desafío, sin embargo, permanece intacto: transformar estos golpes tácticos en control sostenido y en una reducción real de la violencia.
Hijastro de El Mencho, de EU, lo releva: WSJ
› Por Elizabeth Hernández
Un ciudadano estadounidense asumió el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país, en un hecho que introduce nuevas tensiones legales y diplomáticas en la lucha contra el narcotráfico.
De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal (WSJ), Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se colocó al frente de la estructura tras la caída de su antecesor.
El nuevo líder del CJNG es hijo de Armando Valencia Cornelio, alias Maradona, cabeza del extinto Cártel del Milenio, y de Rosalinda González Valencia, quien posteriormente contrajo matrimonio con El Mencho. Autoridades mexicanas y estadounidenses lo identifican como la figura con mayor capacidad para evitar disputas internas y mantener la cohesión del cártel, considerado uno de los más violentos y con mayor alcance internacional.
Identificado también como El Tres, El R3 o El Pelón, nació en Santa Ana, California, y enfrenta una recompensa de cinco millones de dólares ofrecida por autoridades estadounidenses. Ese perfil lo coloca como uno de los objetivos prioritarios dentro de la agenda de seguridad bilateral.
Además, el WSJ señaló que el líder habría optado por moderar su nivel de violencia en esta etapa inicial, con el objetivo de reducir la presión de agencias estadounidenses y consolidar su control interno dentro de la organización.
Fuentes cercanas a la dinámica del grupo criminal indicaron que Valencia González busca evitar conflictos con operadores de alto rango, entre ellos Audias Flores, El Jardinero, con el fin de garantizar estabilidad en la cadena de mando.
A partir de este relevo, el diario estadounidense advirtió que “un ciudadano estadounidense parece estar ahora al mando del cártel de drogas más poderoso de México”, una condición que podría alterar el equilibrio de la cooperación bilateral en materia de seguridad.
La nacionalidad del nuevo líder, subrayó el WSJ, “podría complicar los esfuerzos de Estados Unidos” para combatir el tráfico de drogas.
Bajo ese contexto, agencias de inteligencia de Washington enfrentan limitaciones jurídicas para actuar. Las normas vigentes exigen autorización de la Fiscalía General y la validación de un tribunal para acreditar que el objetivo opera como “agente de una potencia extranjera”, lo que eleva el umbral probatorio y ralentiza cualquier operación.
Con estos requisitos, especialistas citados por el medio estadounidense consideraron que las herramientas de investigación disponibles resultan más restringidas cuando se trata de ciudadanos estadounidenses. Aunque los obstáculos no impiden por completo la acción, sí introducen procesos adicionales que afectan la rapidez y eficacia de las estrategias de inteligencia.
De acuerdo con el Wall Street Journal, “la ciudadanía de Valencia González aumentaría drásticamente las apuestas si (el presidente de EU) Donald Trump cumpliera con su deseo —expresado públicamente— de llevar a cabo asesinatos selectivos contra narcotraficantes mexicanos”.
El medio advirtió que esta situación podría “perjudicar la importante alianza estratégica que se ha desarrollado entre la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Washington”, en un momento en que ambos países mantienen coordinación en materia de seguridad.
Frente a este panorama, el ascenso de Valencia González marca, de acuerdo con el WSJ, la consolidación de una estructura familiar al interior del CJNG. El diario describió el relevo como la “coronación formal de la dinastía de la familia Valencia”, originaria del occidente de México, con fuerte presencia en actividades delictivas de alto impacto.
Este cambio en la cúpula del CJNG no sólo redefine el liderazgo de una de las redes criminales más influyentes del continente, sino que también coloca a México y Estados Unidos ante un desafío inédito: enfrentar a un capo con ciudadanía estadounidense, respaldo familiar y capacidad operativa, en un entorno donde las leyes y la política limitan las opciones de acción directa.
No pudo Caro negociar con EU; va a juicio
› Por Elizabeth Hernández
La justicia de Estados Unidos trazó la ruta para uno de los procesos más simbólicos contra el crimen organizado.
Un juez federal en Nueva York determinó que el juicio contra Rafael Caro Quintero iniciará el 8 de marzo de 2027, tras una audiencia reciente en la que se ordenó ampliar los tiempos de preparación para ambas partes.
El acusado figura como uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, organización que marcó el origen de las grandes estructuras criminales contemporáneas en México. Su nombre permanece ligado al asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique Kiki Camarena en 1985, un episodio que tensó la relación bilateral y transformó la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.
- El Dato: Actualmente, el capo se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (Nueva York), un penal donde también permanece El Mayo Zambada.
A diferencia de otros procesos recientes, este expediente combina hechos históricos con acusaciones vigentes. La fiscalía lo señala por tráfico internacional de drogas, dirección de una empresa criminal y responsabilidad en el homicidio del agente estadounidense, cargos que podrían derivar en cadena perpetua.
Desde la sala judicial, el gobierno estadounidense fijó una postura clara. El fiscal del caso afirmó que “actualmente no hay ninguna oferta de acuerdo”, lo que anticipa un juicio largo, con presentación de pruebas que abarcan varias décadas de actividad criminal.
Por su parte, la defensa busca abrir una vía distinta. La abogada Elizabeth Macedonio reconoció que ambas partes “seguían discutiendo una resolución que evitara el juicio”, aunque sin avances concretos hasta ahora. Ese margen de negociación mantiene en suspenso un posible acuerdo que podría modificar el curso del proceso.
Este calendario no responde sólo a cuestiones legales, también refleja la complejidad del caso. La defensa solicitó más tiempo ante la cantidad de evidencia y la existencia de otros litigios relacionados, lo que llevó a posponer el inicio del juicio hasta 2027.
La extradición de Caro Quintero en 2025 marcó un punto de inflexión. Autoridades mexicanas lo entregaron bajo el compromiso de que no enfrentaría la pena capital, por lo que, en caso de una sentencia condenatoria, la sanción máxima sería cadena perpetua.
El proceso adquiere relevancia en un contexto donde Estados Unidos mantiene presión constante sobre liderazgos históricos del narcotráfico mexicano. A diferencia de figuras más recientes, Caro Quintero representa una generación fundacional cuyo legado aún influye en las redes actuales de tráfico de drogas.
La siguiente audiencia quedó fijada para el 17 de junio, fecha en la que las partes deberán presentar avances sustanciales. Ese momento permitirá medir si el caso avanza hacia un juicio completo o si surge una negociación de última hora.
Más allá del calendario judicial, el expediente reabre una herida histórica. El asesinato de Camarena no sólo definió una época, también consolidó la intervención directa de agencias estadounidenses en la lucha antidrogas. Cuatro décadas después, el juicio de Caro Quintero coloca ese episodio nuevamente en el centro del debate, ahora bajo la lupa de un tribunal federal que deberá resolver uno de los casos más emblemáticos del narcotráfico internacional.
