Muy destacado ha sido el llamado que hizo ayer la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, a colectivos buscadores para que sean parte de los esfuerzos renovados de todas las procuradurías del país —a las que ha presionado por una reformulada integración— en las investigaciones de desaparición forzada. Ayer, en un encuentro sobre el combate de estos crímenes, la exconsejera jurídica de la Presidencia dijo que al tratarse de un delito que no reconoce fronteras ni competencias aisladas, “la coordinación no sólo (debe ocurrir) entre las fiscalías, sino con los colectivos, los buscadores”, ya que, urgió, la incidencia de este delito “exige una respuesta humana”. Nos dicen que, como ya ha hecho antes al dirigirse a fiscales y titulares de los ministerios públicos desde que asumió el cargo, Godoy demandó resultados más claros. Frente a este precedente que, se comenta, no se había establecido de manera tan abierta con anterioridad, restará velar porque se concrete lo antes posible, pues ha sido uno de los reiterados reclamos que se han hecho de las organizaciones civiles de búsqueda.
