Derivado de usos irregulares en las concesiones de agua y prácticas fuera de las normas, se presume que empresas que cuentan con derechos para la utilización de este recurso dentro de México suman un adeudo que ronda los 12 mil millones de pesos.
Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, instó a las empresas a que se acerquen por cuenta propia para regularizarse o de lo contrario serán acreedoras a sanciones que incluyen el retiro de la concesión.
Al presentar un informe de cómo ha resultado la aplicación de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas, aprobadas meses atrás a propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, exhibió los usos irregulares que se encontraron en títulos concedidos a particulares como empresas, pero también familias como la del exgobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa.
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Señaló a la ‘Familia Calzada’ de dicha entidad por concentrar 628 mil metros cúbicos por medio de cinco concesiones, donde una de ellas era para uso agrícola y pecuario, pero en realidad era utilizado para la venta de agua por medio de pipas.
Un integrante de esta familia es el diputado priista Mario Calzada, de quien se reprodujo un video durante la conferencia, del momento en el que subió a tribuna en el Congreso para posicionarse contra de la reforma y defender el uso del agua para la población.
“Conagua les da una concesión para uso agrícola. No pagan agua. ¡Ah! pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo, para jugar polo, mientras la gente de un lado no tiene agua, o vender agua en pipas”, dijo.
Comentó que tras hallarse estas prácticas, se les clausuró el derecho en dos ocasiones, ante lo cual la familia interpuso un amparo.
Efraín Morales destacó que la aplicación de la ley cortó “de tajo” los privilegios, al recordar que esta ley eliminó las transmisiones de derechos de agua entre particulares, lo que llevó a identificar prácticas como el mercado negro en el uso de este recurso.
Entre los ejemplos de lo que se ha conseguido erradicar mencionó la entrega de siete títulos de concesión por un volumen superior a los tres millones de metros cúbicos. Aunque en origen fue concedido para su uso agrícola, este terminó destinándose a uso industrial e incluso para vender a la población.
Otro problema hallado fue la especulación, lo cual se explica como el acuífero de Laguna de Hormigas en Coahuila, donde se entregaron 103 concesiones agrícolas y 284 constancias de libre alumbramiento que no existen.
Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esto impedía a otra persona poder hacer uso de la concesión a pesar de necesitarla, porque ya era acaparado por otro propietario que tampoco la utilizaba, pero la vendía a un tercero.
Durante la conferencia, fue mostrado también el caso de una refresquera, de la que se omitió precisar el nombre, que cuenta con 18 títulos de concesión en los que no han sido pagados dos millones 800 mil metros cúbicos, lo cual se atribuye a dos supuestos: o no las utilizaba y sólo acaparaba, o sólo lo utiliza sin pagar por el servicio.
“Tenemos 10 títulos en donde se está sobreexplotado una cantidad mayor del agua que le fue concesionada. 42 concesiones que no cuentan con medidor, 10 títulos que incumplen con sus pagos”, dijo.
También se evidenció a una embotelladora de agua que no contaba con medidores, tenía construcciones irregulares en zona federal y de tres títulos con los que contaba, sólo pagaba uno, además de realizar descargas sin autorización.
Su adeudo inicial era de 43.88 millones de pesos, pero ya ha realizado pagos por 23.65 mdp.
En este sentido, el director hizo un llamado a las empresas para que se acerquen a la Conagua para regularizarse o se les podrían aplicar sanciones que alcanzarían el retiro del título.
“Quisiera aprovechar para hacer yo un llamado a las empresas a que se acerquen a la comisión quienes no tengan sus condiciones de concesión regulares para que se pongan en orden. Es importante porque tenemos una una deuda presuntivo de casi 12 mil millones en empresas que de no regularizarse, pues van a tener las sanciones correspondientes, incluso la cancelación de sus títulos”, dijo.
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FGR
