EL PLENO de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió tres acciones de inconstitucionalidad contra reformas judiciales de Nayarit, Durango y Guerrero, declarando inválidas diversas normas que no se ajustaban a la reforma judicial federal.
Los proyectos, bajo la ponencia de la ministra María Estela Ríos y promovidos por el Poder Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), establecen criterios que deberán observar todas las entidades federativas de cara al proceso electoral judicial del 2027.
En Nayarit, se invalidó por unanimidad el mecanismo que concentraba en un solo Comité Estatal de Evaluación la facultad de juzgar y postular candidaturas para los tres poderes del Estado.
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La Constitución federal exige un comité independiente por cada poder, criterio que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz sintetizó así: “No puede haber un Comité Único de Evaluación, tiene que haber tres Comités.”
El pleno también reconoció una omisión legislativa del Congreso de Nayarit al no incorporar la insaculación pública ni la paridad de género en todas las etapas del proceso de postulación.
Con relación al número de postulaciones, el pleno del máximo tribunal validó por siete votos que Nayarit permitiera postular hasta tres personas por cargo de jueza o juez, frente a las dos del modelo federal, al considerar que ello amplía las opciones para el voto ciudadano sin desnaturalizar el diseño constitucional.
En Durango, la Corte declaró inválido que las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial tuvieran una duración de nueve años en lugar de seis, y que la presidencia de dicho tribunal se renovara cada tres años en vez de cada dos, como ordena la Constitución federal.
También se anuló por unanimidad la norma que establecía sesiones privadas como regla general en el pleno del Tribunal Superior de Justicia, por contravenir el mandato de transparencia constitucional. El ministro presidente, Hugo Aguilar, fue claro al respecto: “Ahora todo tiene que resolverse a puertas abiertas y de cara a la ciudadanía.”
En Guerrero, el alto tribunal declaró inválido el esquema previsto para designar, por única ocasión en 2027, las presidencias del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y del Tribunal de Disciplina Judicial, al no ajustarse al modelo federal vigente.
El punto relativo a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia quedó sin resolución definitiva al no alcanzarse la mayoría necesaria para validar ni invalidar la norma impugnada.