La Cámara de Diputados avaló la reforma para limitar las “pensiones doradas”. Tras su aprobación en lo particular con 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones, el documento será remitido a la legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales.
Con mayoría calificada, los Diputados aprobaron en lo general y en lo particular la iniciativa presentada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para reformar el artículo 127 de la Constitución Política, sobre el límite a las jubilaciones y pensiones de los funcionarios de las entidades públicas.
Legisladores avalaron el proyecto que plantea regular los montos de retiro de exservidores públicos de confianza en organismos descentralizados como Petróleos Mexicanos (Pemex), Banobras y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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- El Dato: La iniciativa, aprobada el 11 de marzo por el Senado, necesita el aval de 17 congresos locales para pasar al Ejecutivo para su firma y publicación en el Diario Oficial (DOF)
En la fundamentación del dictamen, la diputada de Morena, Haidyd Arreola López, aseguró que la medida busca “corregir la desigualdad y la injusticia de las pensiones de altos funcionarios”.
“Las reformas constitucionales, a diferencia de las legislaciones ordinarias, pueden incidir sobre situaciones jurídicas preexistentes, cuando así lo determine el poder reformador, sin que ello implique una violación al principio de seguridad jurídica”, explicó la legisladora.
Durante la discusión, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Cristina Márquez, cuestionó la equidad del dictamen y criticó la aplicación selectiva de la justicia en el gobierno federal.
“¿Por qué la justicia del gobierno de Morena es selectiva?, ¿Por qué exfuncionarios de paraestatales o descentralizadas, pero altos funcionarios del Ejecutivo no? ¿Por qué a unos sí y a otros no se les incluye?”, cuestionó Márquez.
La diputada panista también criticó que ministros en retiro mantengan su haber de retiro vitalicio, mientras que otros servidores públicos se verían afectados por las modificaciones: “Menos aún, cuando regalan a una dictadura 400 millones de dólares, contra los cinco mil que, dizque, van a ahorrarse por estos ajustes”.
A esta voz se sumó la diputada priísta Nadia Navarro: “Tenemos que ser congruentes, más aún cuando existen pensiones millonarias, grotescas, que no se eliminan, como las de Arturo Zaldívar, que, aun cuando está en servicio activo, cobra su pensión ostentosa como ministro en retiro“.
El priista, Alejandro Domínguez, advirtió que la reforma podría abrir la puerta a la retroactividad de la ley y vulnerar los derechos adquiridos con antelación.
“Si permitimos que el Estado modifique derechos ya adquiridos, entonces estamos aceptando que ningún derecho en México esté garantizado. Puede ser modificado en cualquier momento. Esto rompe la certeza jurídica, la confianza en el Estado y el pacto social”, afirmó el legislador.
El dictamen, afirmaron, busca equilibrar el gasto público en pensiones y establecer límites que, según sus promotores, corrigen desigualdades históricas, mientras que la oposición alerta sobre riesgos de afectación a derechos adquiridos y selectividad en su aplicación.
Representantes de distintos sectores expresaron su preocupación, entre ellos: Rosa Galaz y Dávila, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Rosa María Rodríguez, de la Asociación de Jubilados de confianza de Pemex; Lázaro Gil, presidente de la Asociación de Jubilados de Nafin; y Adán Oviedo, de jubilados de Pemex.
Todos coincidieron en que sus pensiones no superan los 300 mil pesos y que nadie recibe un millón de pesos.
“Fueron recursos ahorrados y trabajados, a veces en condiciones de riesgo para la salud e integridad, pero ahora serían afectados”, afirmaron.
Afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, trabajadores jubilados participaron en una manifestación.
Manuel Palacios Ugalde, de la CFE, explicó que la reforma afectaría derechos ganados tras años de trabajo: “Yo inicié como ayudante de electricista y fui subiendo, poco a poco, conforme a lo establecido en nuestro contrato colectivo”.
