Una revisión de los perfiles de la iniciativa del PRI Defensores de México permite ver casos vinculados con señalamientos de opacidad, corrupción, nexos con crimen organizado o fraudes.
El peso más pesado, según el anuncio del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue Rosario Robles, quien se desempeñará como coordinadora de la Red Ciudadana para la Defensa de México.
Con relación a la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, pesa el antecedente de haber permanecido tres años en prisión preventiva acusada de ejercicio indebido del servicio público y daño al erario, cargos por los que, posteriormente, fue absuelta y que la llevaron a recuperar su libertad en agosto de 2022.
Despliegan a miles para limpiar playas
- El Dato: El pasado 19 de marzo, la Presidenta Claudia Sheinbaum ironizó por los nuevos candidatos que lanzó el PRI rumbo a las elecciones del 2027. “Sí, son muy nuevos perfiles”, dijo.
En Nayarit, figuras como Manuel Cota, Enrique Díaz y Paola Vargas arrastran acusaciones relacionadas con corrupción, uso político de programas y simulación de procesos de renovación.
Uno de los casos más delicados se ubica en Nuevo León, donde el exfuncionario y político priista Adrián de la Garza enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, contratos irregulares y abusos durante su paso por la procuraduría estatal.
Uno de los capítulos más graves señalados corresponde a las prácticas de tortura documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León durante la gestión de Adrián de la Garza como procurador entre 2011 y 2015.
Las recomendaciones oficiales describen patrones repetidos de detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y tortura física y psicológica, con el objetivo de forzar confesiones de presunta pertenencia a Los Zetas o al Cártel del Golfo.
En el estado de Querétaro destaca Mario Calzada, cuya familia, emparentada con exgobernadores de la entidad, fue señalada apenas esta semana por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por abusar de enormes concesiones para uso agrícola que en realidad fueron utilizadas para vender el recurso en pipas y regar sus campos de golf.
Conagua afirmó que el legislador del PRI acumula 628 metros cúbicos de agua en cinco títulos utilizados para pozos agrícolas y pecuarios. Además, dichas concesiones se usan también para comercializar agua en pipas, así como para un club de polo y un desarrollo inmobiliario.
En Quintana Roo, los nombres de Cora Amalia Castilla, Filiberto Martínez y Leslie Hendricks enfrentan críticas relacionadas con presunto nepotismo, desvíos de recursos y cercanía con exgobernadores señalados por corrupción. En 2024, el diputado priista Filiberto Martínez Méndez aceptó que tenía un amparo para evitar su detención, aunque negó haber sido notificado de alguna denuncia en su contra. Lo anterior, luego de que fuera filtrada información de que enfrentaba un proceso penal por el desvío de 500 millones de pesos durante su paso por la presidencia municipal de Solidaridad, lo que motivó la emisión de una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Mientras tanto, en Tlaxcala se menciona al dirigente Enrique Padilla Sánchez por una crisis financiera en el partido local marcada por multas, deudas y señalamientos de opacidad, además del caso de Anabell Ávalos Zempoalteca, quien fue sancionada por el uso indebido de menores en propaganda política. El panorama también muestra fracturas internas en San Luis Potosí, donde destacan los casos de Enrique Galindo —expulsado del PRI—, Sara Rocha y Frinné Azuara, en medio de acusaciones de corrupción, litigios internos y dirigencias debilitadas.
