El Senado de la República recibió de la Presidencia de la República una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio que homologue el tipo penal y sus sanciones en las 32 entidades federativas, ante la disparidad normativa que, advierte el Ejecutivo Federal, genera impunidad y debilita al sistema de justicia penal.
Al informar la llegada de la propuesta, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, aseguró que permitirá legislar “para que nunca más una mujer muera con violencia por el solo hecho de ser mujer”.
La iniciativa, firmada el 27 de marzo de 2026 y remitida a la Cámara de Senadores el 30 de marzo a través de la Secretaría de Gobernación, propone reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir el feminicidio entre las materias sobre las que el Congreso puede legislar con alcance general, junto con delitos como el secuestro, la desaparición forzada de personas, la extorsión y la trata de personas.
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La exposición de motivos señala que la fragmentación normativa actual ha producido “diferencias sustantivas en los elementos del tipo penal”, “criterios diversos para acreditar las razones de género” y “agravantes y sanciones no homologadas”, lo que propicia que “hechos de naturaleza similar pueden ser investigados y sancionados de forma distinta dependiendo de la entidad federativa en la que ocurran”.
El documento cita datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que en 2025 estimó que en 2024 se registraron al menos 3 mil 828 víctimas de femicidio o feminicidio en 26 países y territorios de América Latina y el Caribe, equivalentes a “al menos 11 muertes violentas cada día en la región”.
El pasado 24 de marzo, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la iniciativa contempla que el Ministerio Público investigue y persiga de oficio el delito de feminicidio, y establece una pena de 40 a 70 años de prisión, así como 21 agravantes, entre ellas que la víctima sea menor de edad, de la tercera edad, que tenga alguna discapacidad o que pertenezca a pueblos originarios.
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cehr
