Incluso cuando el robo de hidrocarburos ha cedido a nivel nacional, la actividad ilícita se ha focalizado en algunas regiones a escala local, con lo que en el país todavía se detecta una toma clandestina cada 56 minutos, de acuerdo con datos oficiales que, además, revelan una mayor incidencia en la sustracción de gas LP.
De acuerdo con el reporte “Tomas clandestinas 2025” del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), en el país se registraron nueve mil 366 perforaciones ilegales en ductos de hidrocarburo entre enero y septiembre del año pasado, lo que representó una baja de 10.25 por ciento frente al año anterior. Sin embargo, esta reducción no implicó un control estructural del delito, sino una redistribución territorial y operativa.
- El Dato: Igavim recomienda analizar los impactos acumulativos que genera el huachicol en delitos de alto impacto y sus consecuencias como una alternativa de economía delictiva.
Los datos del reporte, basados en cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex), exponen cómo algunos municipios concentraron operaciones, rutas y mercados ilegales, lo que ha permitido que el fenómeno se mantenga activo.
La GN vigoriza estrategia contra robo a transporte
Degollado, en Jalisco, encabezó la lista con 676 tomas clandestinas, pero el dato más relevante no radica sólo en su volumen, sino en su ubicación. Este municipio forma parte de un corredor que conecta ductos estratégicos con zonas de traslado, lo que facilitó la extracción constante. En esa misma lógica operaron Cuautepec de Hinojosa, en Hidalgo, y Pénjamo, en Guanajuato, donde la actividad no se dispersó, sino que se concentró en puntos específicos.
A diferencia de una expansión uniforme, el reporte evidenció que el negocio del huachicol se agrupó en regiones clave. El Bajío y el centro del país destacan como zonas críticas, con municipios cercanos entre sí dentro del ranking nacional. San Juan del Río y Pedro Escobedo, Querétaro, y Huauchinango, Puebla, ilustraron esa concentración territorial, lo que, según el estudio, sugiere redes logísticas bien definidas y operación coordinada.
- 4 entidades presentaron una disminución de mayo a septiembre de 2025
Esta distribución también se replica en algunos municipios de Hidalgo, como Santiago Tulantepec, Nopala, Singuilucan y Tepeapulco, que, además de aparecer en los primeros lugares a nivel nacional, también forman una red local consolidada para este delito.
Baruch Gómez, geógrafo especializado en análisis dinámicos y urbanos, detalló en entrevista que “cuando varios municipios de un mismo estado aparecen en el ranking, como ocurre en este caso, lo que vemos es una economía ilegal regionalizada, con logística, rutas y puntos de distribución bien definidos”.
El fenómeno también rompió la barrera geográfica. Tecate, en Baja California, se colocó entre los municipios con mayor número de tomas, lo que evidenció la expansión hacia el norte del país. Esta presencia sugiere que el huachicol ya no responde únicamente a los ductos tradicionales del centro, sino a nuevas rutas con valor estratégico.
NUEVO FRENTE. Otro elemento relevante, de acuerdo con las cifras analizadas, es la transición hacia el gas LP. Mientras el robo de hidrocarburos mostró una ligera reducción, el del gas registró un crecimiento significativo en el mismo periodo. Municipios como Calpulalpan en Tlaxcala, San Martín Texmelucan y Tepeaca en Puebla, encabezaron este segmento con más de 90 tomas clandestinas cada uno.
Nextlalpan, en el Estado de México, reportó 81 casos; mientras Tlahuapan, Puebla, sumó 79, y Tierra Blanca, Veracruz, alcanzó 73. El comportamiento registrado confirma que el robo de gas LP avanzó hacia zonas con alta demanda doméstica en el país.
Esta reconfiguración no ocurrió por casualidad. El reporte advierte que la apertura de tomas clandestinas responde a incentivos económicos claros: “Los beneficios sociales, políticos y económicos” asociados a esta actividad favorecen su permanencia, lo que convierte al huachicol en una opción dentro de la economía ilegal en varias regiones del país.
Para Baruch Gómez: “el huachicol no se distribuye al azar; sigue los ductos, pero también las condiciones sociales. Donde hay infraestructura energética y vulnerabilidad económica, aparece el delito. Es la misma lógica que sigue cualquier expansión humana”.
Además, el análisis subraya que medir el problema sólo con cifras resulta insuficiente. Cada toma clandestina implica riesgos de explosión, contaminación ambiental y afectaciones a comunidades cercanas. En municipios donde la actividad se repite, el impacto se acumula y genera condiciones de vulnerabilidad constantes.
El documento también señala que la disminución nacional no refleja una solución estructural. La tendencia “se mantiene constante negativa”, pero el delito persiste y se adapta a nuevas condiciones. En otras palabras, menos perforaciones no significan menos riesgo, sino una reorganización territorial del fenómeno.
El geólogo advierte que “la reducción nacional puede dar una falsa sensación de control. En realidad, lo que ocurre es una reconfiguración territorial del delito”.
El costo estimado por inhabilitación y reparación de tomas clandestinas alcanzó 652 millones de pesos a nivel nacional el año pasado. El documento subraya otro punto clave, 88.78 por ciento de ese presupuesto se destinó a ductos de hidrocarburo, mientras que el resto se utilizó para atender daños en infraestructura de gas LP.
Pero estas cifras representan sólo una parte del problema. Los costos no incluyen pérdidas por combustible sustraído, afectaciones ambientales ni riesgos a comunidades.
