Más que los bloqueos carreteros a escala nacional per se —que finalmente no ocurrieron como se había anunciado, al menos hasta ayer—, llamó la atención el cruce de señalamientos entre organizaciones inconformes —transportistas y campesinos— y el Gobierno federal. Desde el discurso oficial: los tintes partidistas en algunos liderazgos gremiales que empañan la protesta; desde la trinchera de inconformes: rechazo al argumento sobre que hay avances en seguridad, negación a la idea de que la protesta está politizada y un renovado pliego petitorio que las autoridades ven más como una carta a los Reyes Magos, que incluye anular el IEPS al diésel, una fiscalía especializada en delitos contra el transporte de carga; detener importaciones de granos —incluso a pesar del T-MEC—, precios de garantía para que productos agrícolas generen ganancias, relanzar una banca de desarrollo para el campo y liquidar subsidios pendientes, entre otros puntos a los que la Federación respondió, si bien no con un ‘No’ rotundo, con el llamado a entender que, aunque hay disposición para atender problemas, los recursos públicos no son infinitos. Pendientes.
