La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, reveló las conclusiones de la investigación sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, un siniestro que dejó 14 muertos y más de 100 lesionados, y que derivó en la identificación de responsables penales tras un análisis técnico y ministerial exhaustivo.
El accidente ocurrió el 28 de diciembre del año pasado en el kilómetro Z 230+290 del tramo Chívela–Nizanda, una zona con curvas técnicas donde la velocidad máxima permitida es de 50 kilómetros por hora. La fiscalía reconstruyó el evento a través de dictámenes en ingeniería, topografía y seguridad industrial, además del aseguramiento de locomotoras y vagones para análisis pericial.
- El Dato: El expediente, integrado a partir de cuatro carpetas de investigación, concluyó con la acreditación de los delitos de homicidio y lesiones culposas por parte del personal.
Al inicio de su mensaje, Godoy Ramos sostuvo que las víctimas y las familias que perdieron a un ser querido cuentan con la solidaridad de la FGR y aseguró que desplegó todos los recursos para esclarecer los hechos. “Tengan la certeza que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar la impunidad”, señaló.
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Las autoridades también impulsaron mecanismos de justicia alternativa en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. A través de acuerdos, 145 personas —114 adultos y 31 menores— recibieron reparación integral del daño, lo que derivó en la extinción de la acción penal en esos casos.
El informe técnico incorporó entrevistas de 108 testigos, cuyas declaraciones coincidieron en un elemento central: el tren circulaba a exceso de velocidad. Los testimonios describieron oscilaciones laterales, incremento progresivo del desplazamiento y caída de equipaje antes del descarrilamiento, lo que la institución integró como evidencia clave para sustentar la responsabilidad penal.
La FGR estableció la participación directa del maquinista, el conductor y el jefe de despacho por “incumplimiento de los deberes de cuidado en la operación del tren, lo que derivó en la pérdida de vidas y lesiones a los pasajeros”. El Ministerio Público (MP) obtuvo órdenes de aprehensión y de cateo, y logró la vinculación a proceso de los imputados ante un juez.
En la revisión de campo se analizaron rieles, placas de asiento, clavos, anclajes y trabes, y, aunque se hallaron algunos durmientes de madera deteriorados en una sección específica, el informe señaló que la cantidad de elementos en condiciones adecuadas cumplía con los mínimos exigidos por la norma NOM-003-ARTF-2023.
La investigación incluyó un análisis detallado del estado físico de los vías realizado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes no identificaron grietas en el alma del riel, quebraduras, deformaciones, aplanamientos ni fallas en soldaduras.
El dictamen en ingeniería civil y arquitectura documentó la recolección de muestras de balasto —material granular que estabiliza la vía—, las cuales fueron analizadas en el Instituto de Geología de la UNAM. Los resultados determinaron que su composición química y física era de “buena calidad” conforme a los requerimientos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, lo que reforzó la conclusión pericial de que las condiciones de la infraestructura del Interoceánico no presentaban fallas que pudieran explicar el descarrilamiento.
Análisis técnicos confirmaron que tanto las locomotoras como los vagones se encontraban en condiciones operativas conforme a la norma. La investigación también revisó 12 auditorías —seis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y seis de la Secretaría Anticorrupción— además de cinco expedientes administrativos sobre 41 contratos públicos relacionados con la construcción, mantenimiento y material ferroviario, sin detectar observaciones penales.
La indagatoria, encabezada por ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), policías ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, derivó en la integración de cuatro carpetas de investigación. Con esos elementos, la FGR descartó delitos de ataques a las vías de comunicación, uso ilícito de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público, al no encontrar evidencia de irregularidades estructurales ni administrativas ligadas al siniestro.
Sobre el delito de daño en bienes, la autoridad determinó que la acción penal no continuó debido a que la empresa concesionaria, en su calidad de parte ofendida, otorgó el perdón correspondiente. Este elemento procesal permitió cerrar esa última línea de investigación conforme a lo previsto en la ley.
Godoy Ramos subrayó el alcance de la indagatoria y de manera enfática remarcó que “la institución a mi cargo realizó todos los trabajos necesarios para llevar a buen puerto esta investigación”.
La FGR puso a disposición pública el informe conclusivo de 121 páginas, en el que documenta de forma detallada las circunstancias del siniestro ocurrido en una de las rutas estratégicas del Corredor Interoceánico, cuya línea de pasajeros fue inaugurada apenas en diciembre del 2023.
Acciones
Algunas acciones que la FGR estableció durante el caso.
- 230 dictámenes periciales realizados (ingeniería, seguridad industrial, mecánica, topografía y medicina legal).
- 336 servidores públicos mexicanos involucrados en la investigación.
- 65 km/h velocidad registrada por la caja de eventos.
- Víctimas de 13 estados y dos ciudades de EU.
...Y el Gobierno finaliza la reparación a las víctimas
› Redacción
EL GOBIERNO de México informó la conclusión del proceso de reparación integral a las víctimas del accidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, a la altura de Salina Cruz, Oaxaca.
A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) explicó que, desde el inicio de la emergencia, se asumió la responsabilidad del hecho y se colocó en el centro a las víctimas y sus familias, con un enfoque de atención directa, cercana y respetuosa.
Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la dependencia coordinó un operativo interinstitucional en el que participaron la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, así como instituciones de salud y el Gobierno de Oaxaca.
- 14 personas murieron tras el descarrilamiento del tren
Este despliegue permitió brindar atención médica especializada, acompañamiento psicológico, asesoría y la integración de expedientes para garantizar la reparación del daño.
En total, 236 servidores públicos fueron movilizados para ofrecer atención personalizada a las víctimas y sus familias, tanto en distintas entidades del país como en el extranjero. Como resultado, el Gobierno federal aseguró que 100 por ciento de las personas que iniciaron el proceso fue atendida. Por motivos de privacidad, y a petición de las víctimas, no se revelaron los montos de las compensaciones.
Sin embargo, las indemnizaciones cumplieron con estándares nacionales e internacionales, al garantizar proporcionalidad, suficiencia y trato digno.
Las autoridades subrayaron que la reparación integral no se limitó a lo económico, sino que incluyó atención médica continua y seguimiento cercano, al reconocer el impacto del accidente en la vida de las personas afectadas.
Con ello, el Estado mexicano dio por concluido este proceso y reiteró su compromiso con la justicia, la verdad y la atención digna a las víctimas.
