La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias sin orden judicial y sin requerimientos internacionales y llamó al sector empresarial a que no tema tal fallo.
Negó que esta resolución derive en que la unidad incurra en acciones ilegales, al asegurar que en ningún momento lo ha hecho y, por ello, instó a que ningún empresario debería temer a la medida.
- El Dato: Las personas bloqueadas contarán con derecho de audiencia en la UIF para reclamar la legalidad de los fondos inmovilizados y acudir al juez para revocar la medida.
“La UIF nunca, en la historia, le ha cerrado la cuenta a un empresario, empresaria, a nadie que no esté implicado en lavado de dinero. Nunca en la historia, nunca… Y ningún empresario tiene por qué temer”, señaló.
La mandataria federal explicó que la UIF es un órgano dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que siempre ha tenido entre sus tareas el evitar el lavado de dinero e investigar prácticas vinculadas a actividades ilícitas, como la corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.
“La UIF siempre ha tenido esta facultad, siempre la ha tenido. Lo que pasa es que la Corte fue definiendo una serie de limitaciones para la UIF”, declaró.
Para ello, comentó, se le ha seguido “la pista” al dinero que incurra en prácticas delincuenciales para “inmovilizarlo”, lo que ha llevado a que, en lo que va de su administración, sumen cinco mil millones de pesos en esa condición, ya que la única instancia facultada para congelar los recursos de particulares es la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, detalló que el esquema anterior permitía que las personas a las que se les “inmovilizaban” sus recursos recurrieran a un amparo que, al derivar en la obtención de una suspensión que se les otorgaba casi de manera automática, aprovechaban para sacar todo el dinero de la cuenta asegurada, lo cual desarmaba el proceso de la UIF.
Ahora, explicó, cuando la unidad halle indicios de lavado de dinero, puede asegurar las cuentas involucradas, lo cual no significa que los propietarios de las cuentas queden sin derecho a la defensa, porque también podrán presentar un amparo, pero ahora ya no habrá concesión de suspensión inmediata.
En ese sentido, señaló que sobre esas bases se fundamentó la petición sobre la cual se aprobaron las reformas a la Ley de amparo y relacionadas, para fijar plazos en el otorgamiento de las suspensiones que les devolvían el control inmediato de los recursos inmovilizados.
“Pero fíjense, de un lado se plantea: ‘el Gobierno de México tiene necesariamente que atender el asunto de la delincuencia organizada. Y la mejor manera de hacerlo es el dinero, vamos a seguirle la pista al dinero’. Entonces, ¿qué hace la UIF? Le sigue la pista al dinero y congela las cuentas cuando ve que hay lavado. Se han congelado, desde que llevamos en la administración, bueno, inmovilizado: alrededor de cinco mil millones de pesos. Nadie se ha quejado. Se han inmovilizado esas cuentas. ¿Tiene derecho el privado de irse a amparo? Claro que tiene derecho. Y en seis meses se resuelve si fue una injusticia o no fue una injusticia”, afirmó.
La Presidenta remarcó que el objetivo de este tipo de medidas es el de pacificar al país, por medio de medidas financieras que frenen el movimiento de dinero proveniente y destinado a prácticas ilícitas.
Medida “claramente viola la Constitución”, dice PAN
› Por Tania Gómez
La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, cuestionó la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que permite la inmovilización de cuentas bancarias sin resolución judicial, al advertir que dicha medida “claramente viola la Constitución” y podría afectar la econonía de miles de familias en el país.
Al fijar su postura a título personal, la legisladora panista sostuvo que esta decisión abre la puerta a abusos por parte del Estado: “bloquear o inmovilizar las cuentas sin una resolución judicial, claramente viola la Constitución”, afirmó, al señalar que se trata de una medida “altamente tentadora para el régimen en turno”.
- El Tip: La facultad de bloqueo de cuentas de la UIF no es una sanción penal, sino una medida cautelar y una molestia temporal: SCJN.
Advirtió que el impacto no se limita a empresarios, sino que podría extenderse a trabajadores que dependen de esas fuentes de empleo: “Si le inmovilizan las cuentas a un empresario, el impacto va a ser para los trabajadores porque no van a tener la posibilidad de cobrar su siguiente quincena”.
La legisladora panista subrayó que los procesos legales para revertir estas decisiones suelen prolongarse más allá de lo previsto, ya que son mediante juicio: “El problema es que esa injusticia hoy no se está resolviendo en seis meses”.
En ese sentido, López Rabadán consideró que la resolución genera incertidumbre jurídica y podría afectar la inversión en México: “Es una decisión errónea, que va a lastimar a mucha gente”.
En otro tema, la diputada también alertó sobre posibles riesgos en la construcción del Tren Maya, particularmente en el tramo cinco, tras la difusión de imágenes sobre presuntos hundimientos: “Resulta fundamental que las autoridades informen con transparencia sobre la situación real de esta obra”, señaló al agregar que se debe “hacer todo lo técnicamente viable para evitar una tragedia”.