El semanario Desde la Fe, de la Iglesia Católica, calificó de “sofisma” la iniciativa de ley presentada en el Senado de la República que busca redefinir el concepto de “muerte digna” para que darle muerte a una persona con enfermedad terminal o degenerativa sea considerado parte de su dignidad, lo que implicaría abrir la puerta legal a la eutanasia y el suicidio asistido en México.
La publicación advirtió que el argumento central que sostiene la propuesta, respecto a que una vida marcada por el sufrimiento no es una vida digna, contradice el fundamento ontológico de la dignidad humana.
- El Dato: Ante la cultura del descarte, la Iglesia católica propone apostar por los cuidados paliativos como camino de dignidad, amor y verdadero respeto a la vida.
“Toda vida es digna por sí misma, sin importar las circunstancias por las que se esté atravesando”, señaló el semanario, al plantear una distinción que considera de fondo: la obligación del Estado y de la sociedad no es garantizar una “muerte digna” en los términos que propone la iniciativa, sino procurar condiciones para una vida digna.
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“Toda persona tiene derecho a que se le busque una vida digna, en lugar de una muerte digna”, afirmó.
En ese sentido, Desde la Fe recordó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama el derecho a la vida y la igualdad en dignidad de todas las personas precisamente como respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, cuando la estigmatización de seres humanos “de acuerdo con sus características, razas o situación” derivó en algunas de las peores atrocidades de la historia contemporánea.
La publicación argumentó que el espíritu de ese instrumento internacional fue blindar la vida humana de cualquier valoración que la condicione a la utilidad, la salud o la ausencia de dolor.
Más de dos mil profesionales de la salud enviaron en octubre pasado al Congreso de la Unión un respaldo formal para que los legisladores aprueben la Ley Trasciende, una iniciativa ciudadana que busca despenalizar la eutanasia en México y abrir la puerta a una muerte digna para pacientes con enfermedades terminales o sufrimientos de salud irreversibles.
La propuesta plantea reformar la Ley General de Salud para eliminar el castigo penal al personal médico que participe en estos procedimientos. Si el dictamen avanza este 2026, el sistema de salud pública quedaría obligado a ofrecer el servicio de eutanasia de forma gratuita, segura y sin discriminación.
Detrás de la iniciativa está Samara Martínez, periodista y máster en Desarrollo Humano, quien vivió en carne propia los límites de la medicina tras enfrentar enfermedades crónico-degenerativas que la llevaron a trasplantes y tratamientos de soporte vital extremo.
Para la activista contra tratamientos paliativos, el Estado no tiene atribuciones para obligar a nadie a prolongar un sufrimiento biológico sin salida.
Su argumento central es que acompañar a alguien también puede significar permitirle partir con dignidad, y que la ayuda médica para morir debe entenderse como una respuesta profesional y compasiva centrada en la voluntad del paciente.
La rerorma de la Ley Trasciende establece filtros técnicos y legales para garantizar que la decisión sea libre y consciente, sin ningún tipo de coacción. Su objetivo final es que la Secretaría de Salud (Ssa) deje de tratar la muerte asistida como un delito y la reconozca, en cambio, como un servicio médico regulado.
