Así que la etapa crucial de la reforma legislativa conocida como Plan B está cada vez más cerca. Y es que se tiene previsto que no pase del miércoles próximo su declaratoria de constitucionalidad en el Senado de la República, de acuerdo con lo comunicado la víspera por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo. Hasta ahora han sido al menos 20 congresos estatales los que han avalado la reforma —Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Baja California, Colima, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, la Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Nayarit, Tamaulipas y Yucatán— y el dato no es menor, porque resulta que es precisamente en estos órganos —algunas revisiones señalan que son señaladamente 16— en los que se deberá meter tijera presupuestal, con lo cual las fracciones parlamentarias que los conforman están obligadas a ver cómo le hacen para apretarse el cinturón. Y no sólo eso sino materializarlos en sus legislaciones locales. Otros que tendrán que hacer cuentas para bajarle a los gastos superfluos serán los ayuntamientos. Pendientes.
