El impacto del cambio climático marcó la vida de ocho de cada diez personas migrantes centroamericanas que transitaron por México, de acuerdo con un estudio basado en 87 encuestas realizadas en 2024 por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley, en colaboración con el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi). Más de la mitad de los encuestados reportó que enfrentó cuatro o más eventos extremos antes de abandonar su país.
México se consolidó como un punto estratégico dentro de la dinámica migratoria regional, al concentrar tanto el tránsito como el destino de personas provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua que enfrentaron los efectos combinados de desastres climáticos, violencia y precariedad económica en sus países de origen.
- El Dato: de acuerdo con cifras de la ACNUR, entre 2020 y 2025 México recibió cerca de 500 mil solicitudes de refugio, lo que ha provocado atrasos en su procesamiento.
Sin embargo, el acceso a mecanismos de protección internacional mostró limitaciones. El estudio Cambio climático y migración desde Centroamérica. Perspectivas de personas en movilidad en México, identificó un enfoque de política pública centrado en la detención, la deportación y la militarización, lo que restringe el acceso físico y jurídico a procesos de asilo.
A ello se sumó la falta de recursos en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que enfrenta un aumento en solicitudes sin capacidad suficiente para procesarlas con rapidez.
Las vías humanitarias también presentaron obstáculos. Aunque existen figuras como la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, el informe documentó que éstas se otorgan en pocas ocasiones, incluso en casos relacionados con desastres naturales.
El documento subrayó que los factores climáticos suelen quedar fuera de los procesos de evaluación migratoria en México. Muchas personas priorizan argumentos económicos o familiares en sus solicitudes, a pesar de haber sufrido impactos ambientales significativos.
La brevedad de las entrevistas iniciales impide dimensionar con precisión la influencia del cambio climático en las decisiones de desplazamiento, lo que limita su consideración en las resoluciones legales a nivel regional.
LA PÉRDIDA Y LA HUIDA. Huracanes, olas de calor e inundaciones encabezaron la lista de fenómenos reportados dentro del estudio, con incidencias por encima de los 55 puntos porcentuales cada uno, seguidos por deslizamientos de tierra, sequías, cambios en ciclos agrícolas e incendios forestales.
Las historias recabadas ilustran el impacto acumulado de los eventos climáticos como motor de migración regional. Una mujer salvadoreña perdió de forma reiterada sus cosechas antes de abandonar la agricultura, mientras que un defensor ambiental en Honduras enfrentó amenazas tras intentar proteger su territorio en medio de presiones vinculadas a recursos naturales.
El impacto económico y material alcanzó niveles críticos también. Más de la mitad de las personas encuestadas señaló que tras los desastres naturales perdió o su empleo o las cosechas que cuidaban. Además, se sumaron daños estructurales a las viviendas y falta de servicios básicos, como el agua, en más de 74 por ciento de los casos.
La escasez de alimentos se consolidó como una de las consecuencias más graves de estos eventos. Se documentó que 67 por ciento de los encuestados enfrentó dificultades para acceder a comida tras un desastre natural.
Asimismo, el estudio subrayó que este deterioro redujo la capacidad de subsistencia de familias enteras y profundizó condiciones de vulnerabilidad que, en muchos casos, influyeron directamente en la decisión de abandonar sus países de origen.
Otros motivos ligados a la migración desde Centroamérica son la inseguridad, la violencia y la falta de empleo, aunque los desastres climáticos jugaron un papel fundamental en la decisión de abandonar su país de origen en más de la mitad de los encuestados.
El informe documentó que estos impactos “exacerban la inseguridad y las dificultades ya existentes”, lo que incrementó riesgos para la integridad personal y la estabilidad familiar.
Las condiciones de vulnerabilidad se profundizaron en ciertos grupos. Las mujeres registraron mayores niveles de pérdida de ingresos, interrupciones en el acceso a alimentos y agua, así como cargas de cuidado más altas; además, 22 por ciento de ellas afirmó haber huido tras episodios de violencia de género.
Comunidades indígenas y afrodescendientes también reportaron condiciones más adversas, con mayor exposición a huracanes e inundaciones, despojo de tierras y amenazas vinculadas a la defensa del territorio.
A nivel institucional, la respuesta resultó limitada frente a la magnitud de los daños. Sólo 25 por ciento de los afectados recibió algún tipo de apoyo de los gobiernos de sus países, los cuales se concentraron principalmente en entregas puntuales de alimentos, sin cobertura suficiente en evacuación, reconstrucción o atención médica.
Las personas señalaron irregularidades en la distribución de la ayuda. El documento registró menciones de corrupción, favoritismo y prácticas discriminatorias, lo que debilitó la capacidad de respuesta estatal en momentos críticos.
El estudio concluyó que los impactos climáticos no operan como causa única, sino que se combinan con violencia, pobreza y exclusión, lo que genera un entorno de riesgos acumulados que empuja a las personas a abandonar sus hogares.