Un total de 33 biznagas burras, especie protegida en México, fueron aseguradas en Hidalgo tras detectarse su extracción ilegal en un predio del municipio de San Salvador. Autoridades estimaron que algunos ejemplares alcanzaban entre 60 y 70 años de edad, lo que evidenció el impacto ambiental del ilícito.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el hallazgo ocurrió en la comunidad de Lagunilla, donde elementos de seguridad municipal ubicaron las plantas. Inspectores federales acudieron el 15 de abril para realizar las diligencias correspondientes.
En el sitio, el personal constató que todas las biznagas fueron retiradas de raíz. Ninguna persona acreditó la propiedad legal ni la procedencia de los ejemplares, lo que derivó en su aseguramiento precautorio conforme a la legislación ambiental vigente.
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Durante la revisión, especialistas identificaron daños en las plantas. Varias presentaron cortes en las costillas -zona donde crecen espinas- lo que sugiere una manipulación previa para facilitar traslado y carga. Además, presentaban signos de deshidratación, por lo que la autoridad ordenó su traslado a un parque ecológico dentro del estado, donde recibirán atención especializada para su recuperación.
Algunos ejemplares rescatados alcanzaban 70 centímetros de altura y hasta 80 centímetros de diámetro, con pesos cercanos a los 100 kilogramos. Estas dimensiones reflejan décadas de crecimiento en condiciones naturales, lo que confirma su alto valor ecológico.
La biznaga burra, cuyo nombre científico es Echinocactus platyacanthus, se encuentra catalogada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en categoría de peligro de extinción. Cada ejemplar puede tardar décadas en alcanzar su tamaño adulto, como lo demuestran los individuos asegurados en Hidalgo, cuya edad se estima entre 60 y 70 años.
Especialistas detallaron que el lento ritmo de desarrollo impide una recuperación rápida de sus poblaciones, ya que la reposición natural no compensa la pérdida cuando se retiran plantas maduras de su hábitat, lo que pone en riesgo tanto a la especie como al equilibrio ecológico de las zonas donde habitan.
Autoridades ambientales advirtieron que este tipo de prácticas constituye un delito que afecta de forma directa a los ecosistemas. La Profepa señaló que continuará con las investigaciones para identificar a los responsables de la extracción y posible comercialización de los ejemplares.
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LMCT
