LA ADMINISTRACIÓN de Donald Trump evalúa una posible ofensiva anticorrupción contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, que podría incluir acusaciones en tribunales federales de ese país.
El planteamiento tomó fuerza tras las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien en un evento en Los Mochis, Sinaloa, la semana pasada, advirtió que “es posible que pronto veamos medidas significativas” en materia de combate a la corrupción, sin detallar acciones específicas.
Un reportaje de Los Angeles Times aseguró que la iría más allá de la revocación de visas que ya han realizado e incluir acusaciones federales.
“La corrupción no sólo frena el progreso, sino que lo distorsiona. Aumenta los costes, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados. No es un problema sin víctimas”, dijo.
Su discurso anticorrupción ocurrió en un momento clave para la relación bilateral, ante la revisión del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), pilar del comercio regional.
Según el diario, que cita fuentes familiarizadas con la relación bilateral, la medida podría alcanzar a funcionarios de distintos niveles e integrantes de Morena.
Hasta ahora, no existe un anuncio oficial del gobierno estadounidense sobre las estrategias planteadas por las fuentes.
Los Angeles Times estableció que los fiscales estadounidenses a cargo de los casos podrían recurrir a su reserva de posibles informantes.
Recordó que hay decenas de antiguos miembros de los cárteles, incluidos los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa, que permanecen bajo custodia del país y “se cree que muchos están deseosos de convertirse en soplones contra antiguos cómplices”, entre ellos, políticos y policías corruptos.
