El PAN salió en defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras la polémica generada por un operativo contra el crimen organizado donde participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), que murieron en un accidente vehicular en la Sierra Taraumara.
La dirigencia del partido colocó la presión en el Gobierno federal y pidió explicaciones sobre la posible participación de personal extranjero en el país.
Jorge Romero, presidente nacional del PAN, sostuvo que el debate debe centrarse en los resultados del operativo: “En Chihuahua se combate al crimen organizado, no se negocia con él. Maru Campos ha demostrado carácter, decisión y compromiso para enfrentar a los cárteles”.
El líder partidista cuestionó el rumbo de la discusión pública y denunció un desplazamiento del tema central que es el operativo realizado para desmantelar un narcolaboratorio, uno de los más grandes detectados en el país, el cual dejó de ocupar el eje del debate, pese a su impacto en la estructura del crimen organizado.
- El Dato: Maru Campos anunció el 24 de abril la creación de una unidad especial a cargo de investigar el operativo realizado en Morelos en el que participaron agentes de EU.
Romero Herrera dirigió los cuestionamientos a la Federación y recordó que la ley mexicana otorga al Gobierno federal la facultad exclusiva de autorizar, supervisar y regular la actuación de personal extranjero: “Si no sabían, es una falla grave de coordinación; y si sí lo sabían, deben explicar bajo qué condiciones se permitió”.
El posicionamiento del PAN también incluyó un llamado a evitar tensiones entre los distintos órdenes de gobierno en un momento clave para la estrategia de seguridad nacional, ya que la coordinación institucional resulta indispensable para enfrentar a los cárteles y advirtió que los señalamientos cruzados debilitan la capacidad de respuesta del Estado.
Apenas el sábado, el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguraron que ninguno de los agentes estadounidenses contaba con acreditación formal para participar en acciones operativas en México y precisaron que uno de ellos ingresó como visitante, sin permiso laboral, mientras que el otro portaba pasaporte diplomático.
En consecuencia, agregaron que se realizan las revisiones correspondientes en coordinación con las autoridades locales competentes y con la embajada de EU en México. Insistieron que no existía conocimiento previo sobre la presencia de los agentes de la CIA en ese despliegue. El mismo día, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su postura sobre la cooperación internacional, pero subrayó que la Constitución prohíbe la participación directa de agentes extranjeros en territorio nacional e indicó que la colaboración se limita a intercambio de información, asistencia técnica y coordinación institucional, bajo principios de soberanía y autodeterminación.
La controversia por el caso llegará al Senado en los próximos días, ya que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó citar a la gobernadora y al fiscal estatal, César Jáuregui el próximo martes, tiene el objetivo de aclarar la actuación de autoridades locales en la posible intervención de agencias estadounidenses en México.
En este sentido, el PAN aseguró que Campos Galván mantiene su disposición para colaborar con las indagatorias e insistió en fortalecer la coordinación entre los niveles de gobierno. Sin embargo, planteó una disyuntiva política entre respaldar a las autoridades que enfrentan al crimen organizado o cuestionar sus resultados cuando afectan intereses partidistas.