El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, llamó a ser “prudentes y sensatos” ante la acusación presentada en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, y advirtió que la solicitud enviada por la Embajada de Estados Unidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con fines de extradición no cuenta con sustento probatorio en una primera revisión jurídica.
“En una primera aproximación de una revisión jurídica conforme a la legislación mexicana y a los acuerdos bilaterales, no traen sustento”, señaló el legislador, quien precisó que la Cancillería enviará el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que emita una opinión y la dé a conocer a los mexicanos.
Mier Velazco aclaró que lo notificado por Washington no constituye una orden de extradición, sino solicitudes derivadas de la acusación formulada por un fiscal en Nueva York.
“Hay que esperar, hay que estar serenos, no hay que anticipar juicios”Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado
Ignacio Mier descarta licencia de Enrique Inzunza
El coordinador de Morena en el Senado descartó que el senador Enrique Inzunza Cázarez deba solicitar licencia ante los señalamientos.
“Tiene que haber rigor jurídico y rigor en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales”, sostuvo, y subrayó que quien acusa está obligado a probar.
Al ser cuestionado sobre el paradero del legislador sinaloense, Ignacio Mier dijo que había estado presente por la mañana en el Senado.
Sobre la posibilidad de que el caso represente un golpe político a la Cuarta Transformación, el líder parlamentario se reservó el juicio y reiteró que tanto el comunicado oficial de la Cancillería como el pronunciamiento de la Fiscalía General de la República son los pasos que deben seguirse antes de cualquier valoración.
“Todo lo demás sería especular”, concluyó.
Más temprano este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA (siglas en inglés para la Administración para el Control de Drogas) dio a conocer la acusación formal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por narcotráfico y delitos relacionados con armas.
También fueron acusados otros ocho funcionarios, tanto en activo como retirados, de esa entidad del Pacífico, así como el senador Enrique Inzunza Cázarez, por conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para presuntamente distribuir grandes cantidades de heroína, cocaína, metanfetamina o fentanilo a Estados Unidos “a cambio de apoyo político y sobornos”.
Estados Unidos imputa a cada uno de los funcionarios cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, por los que enfrentan posible cadena perpetua o una pena mínima de 40 años de prisión.
Además del mandatario estatal y el senador de Morena, fueron acusados:
- Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán
- Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
- Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán
Por separado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasado 28 de abril recibió diversas solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte de Estados Unidos, mismas que fueron remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR).
Tras recibir los expedientes de la embajada de los Estados Unidos, la Cancillería, señaló que, “de acuerdo a la revisión jurídica”, no existen elementos probatorios para acreditar la responsabilidad de las personas, también acusadas de colusión con el Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político y sobornos.
Posteriormente, la FGR señaló que las solicitudes no aportan “evidencias contundentes” contra los acusados, e informó que será la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales la encargada de analizar los expedientes y determinar si existen elementos probatorios suficientes para solicitar órdenes de aprehensión y si se concede una eventual extradición a Estados Unidos.
En tanto, la SRE adelantó que, debido a la forma en la que Estados Unidos dio a conocer las acusaciones, enviará un extrañamiento a la embajada estadounidense.
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