Autoridades de Estados Unidos revelaron este miércoles una acusación penal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, a quienes señalan por su presunta participación en una red de tráfico de drogas vinculada al Cártel de Sinaloa.
La imputación, presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que los señalados habrían colaborado con líderes criminales para introducir grandes cantidades de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a territorio estadounidense, a cambio de sobornos y respaldo político.
De acuerdo con el documento judicial, la red operó con apoyo desde distintos niveles de gobierno en Sinaloa. Entre los acusados figuran mandos policiales, exresponsables de seguridad pública y un alcalde en funciones. Todos enfrentan cargos por conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento.
Entre los acusados se encuentra Rubén Rocha Moya, actual gobernador; Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; y Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal estatal de Sinaloa.
La lista también incluye a Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, ambos exjefes de la Policía de Investigación; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; y José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, exsubdirector de la Policía estatal.
El señalamiento alcanza además a autoridades municipales. La acusación menciona a Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, así como a Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, excomandante de la policía municipal, a quien se le atribuyen cargos adicionales por un secuestro que terminó en homicidio.
La acusación ubica a los funcionarios dentro de una relación directa con la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocida como “Los Chapitos”. De acuerdo con el expediente, esa alianza se tradujo en respaldo político y operativo que permitió a ese grupo consolidar su control en la entidad, con intervención en procesos clave y acceso privilegiado a decisiones gubernamentales.
El documento judicial describe que varios de los imputados habrían sostenido reuniones con integrantes de esa estructura criminal, en las que acordaron brindar protección a cambio de beneficios económicos. En ese esquema, se menciona que algunos funcionarios facilitaron información anticipada sobre operativos, inhibieron acciones de investigación y evitaron detenciones de objetivos prioritarios.
La investigación también apunta al uso de instituciones públicas para favorecer directamente al grupo delictivo. Entre las conductas señaladas se incluyen la instrucción a policías estatales y municipales para resguardar cargamentos de droga, permitir su tránsito por rutas estratégicas y garantizar condiciones de seguridad en puntos clave del traslado hacia la frontera.
Además, el expediente sostiene que el respaldo no se limitó a omisiones, sino que implicó acciones concretas desde el aparato de seguridad. En algunos casos, los acusados habrían utilizado recursos oficiales, personal armado y capacidades logísticas del Estado para reforzar la operación del cártel, lo que consolidó un entorno de impunidad en favor de “Los Chapitos”
Por su parte, la Administración para el Control de Drogas (DEA) advirtió que la red no solo operó como estructura de protección institucional, sino que también ejecutó acciones directas de violencia para preservar las operaciones del cártel. El expediente judicial describe que algunos de los implicados utilizaron corporaciones policiales para ubicar, detener y entregar a personas sospechosas de colaborar con autoridades estadounidenses.
La DEA señala en particular a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán, como el presunto responsable de intervenir en el secuestro de un informante de esta corporación y un familiar. De acuerdo con la acusación, ambas víctimas fueron entregadas a integrantes de Los Chapitos, quienes las torturaron y asesinaron como represalia por su colaboración con autoridades estadounidenses.
El fiscal estadounidense Jay Clayton sostuvo que el caso revela cómo la organización criminal se sostuvo mediante la ayuda de autoridades. “El apoyo de funcionarios corruptos permite que estas redes operen con libertad; este caso envía un mensaje claro: nadie está por encima de la ley”, afirmó.
Autoridades estadounidenses indicaron que todos los imputados permanecen en México y enfrentan cargos por conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas, que podrían derivar en penas de hasta cadena perpetua.
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FGR
