La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en México ya no se limita a espacios físicos. Teléfonos, redes sociales y plataformas de mensajería se convirtieron en escenarios donde el abuso ocurre a cualquier hora y desde cualquier lugar. El problema no sólo radica en su expansión, sino en la incapacidad institucional para perseguirlo. Cada día surgen nuevos casos, pero pocos llegan a juicio.
Más de 534 mil adolescentes de entre 12 y 17 años de edad recibieron contenido sexual no solicitado en 2024, un indicador que revela una exposición constante a agresiones digitales.
A pesar de ello, el número de denuncias resulta mínimo en comparación con la magnitud real. La violencia existe, pero no se traduce en procesos judiciales.
- El Dato: El secretario de Educación sugirió aplicar restricciones de edad en la creación de cuentas en redes sociales, al exigir que se verifique que tengan al menos 16 años.
Detrás de las cifras hay historias que rara vez se documentan. Laura, madre de una niña de ocho años en el Estado de México, relató cómo su hija comenzó a recibir mensajes de un desconocido que se hizo pasar por compañero de escuela.
“Primero eran conversaciones normales, después le pidió fotos. Cuando ella se negó, empezó a amenazarla con publicar imágenes falsas”, contó. La familia acudió a denunciar, pero el proceso se detuvo por falta de elementos técnicos. “Nos pidieron pruebas que ya no existían. Nos dijeron que sin eso no podían avanzar”.
El patrón se repite. La sextorsión —engaño para obtener material sexual— suele iniciar con perfiles falsos, lo que complica la identificación del agresor. Esta práctica convierte a la víctima en rehén digital ya que el miedo a la difusión impide denunciar. En ambos casos, el delito deja huellas técnicas, pero no siempre hay capacidad para rastrearlas.
José, padre de un menor de 13 años en Jalisco, enfrentó una situación distinta, pero con el mismo desenlace. Su hijo fue incorporado a un grupo de mensajería donde circulaban videos explícitos. Presentaron la denuncia, pero la investigación no avanzó. “Nos dijeron que el servidor estaba fuera del país y que eso complicaba todo. Ahí se quedó”.
Las fiscalías estatales reconocen limitaciones. Pocas cuentan con unidades especializadas en delitos digitales y el número de peritos en ciberseguridad resulta insuficiente frente al volumen de casos. Además, la cooperación con plataformas tecnológicas depende de procesos internacionales que pueden tardar meses, cuando el daño ya se extendió.
A ello se suma un problema estructural: la clasificación del delito. Muchas agresiones digitales se registran como acoso o faltas administrativas, lo que reduce su gravedad jurídica. Esa fragmentación impide dimensionar el abuso digital infantil como una forma de violencia sexual sistemática.
El impacto en las víctimas tampoco se limita al momento del ataque. A diferencia de otros delitos, el material puede replicarse indefinidamente. Cada reenvío representa una nueva agresión.
Especialistas advierten que se enfrenta una brecha crítica entre el delito y la respuesta institucional. Mientras el acceso a Internet crece, los mecanismos de protección no logran adaptarse: llegan tarde, cuando el contenido ya circuló y resulta casi imposible eliminarlo por completo.
La ausencia de protocolos claros agrava la situación. No existe una ruta uniforme para retirar contenido, acompañar a las víctimas o garantizar seguimiento judicial. Cada caso depende de la capacidad local, lo que genera desigualdad en el acceso a la justicia.
Con acceso a teléfonos inteligentes, 8 de cada 10
› Por Claudia Arellano
EN EL PAÍS, 80.3 por ciento de niñas, niños y adolescentes de entre seis y 17 años tuvo acceso a un teléfono inteligente con Internet y redes sociales, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, una condición que, según expertos consultados, vulnera la salud mental de menores y los expone a varios tipos de violencia.
En entrevista, el pediatra Efraín González advirtió que la sobreexposición a dispositivos móviles, combinada con la falta de actividad física, podría influir en el aumento de la violencia infantil.
“Los smartphones y las redes sociales se han arraigado profundamente en la vida de los menores. Hoy vemos más casos de violencia entre ellos, lo que podría estar relacionado con el uso no regulado de estos aparatos”, señaló el experto.
Explicó que, aunque el acceso a la información se ha facilitado, los algoritmos de inteligencia artificial también exponen a los menores a contenido inapropiado.
- 79 países acotan el uso de dispositivos móviles en escuelas
Un estudio internacional basado en datos del Global Mind Project, que analizó la salud mental de cerca de dos millones de personas en 163 países, concluyó que los menores de 13 años que poseen un smartphone tienen mayor riesgo de presentar afectaciones mentales en el futuro.
En su última medición, la ENDUTIH notó un incremento en el uso de Internet por parte de menores, el mayor salto se registró en niñas y niños de entre seis y 11 años, al pasar de 71.4 por ciento en 2023 a 79.7 por ciento en 2024. En adolescentes, pasaron de 92.4 por ciento en 2023 a 95.1 por ciento en 2024.
Al respecto, Hugo Alberto Yam, académico de psicología en la Universidad Iberoamericana, explicó que es necesario la regulación de redes sociales y uso de dispositivos en menores, ya que esto ha generado un problema de violencia en Internet y “va más allá del consumo de historias delictivas: comienza cuando ese interés se desliza hacia la glorificación del agresor”.