Legisladores de Morena en las cámaras de Senadores y de Diputados pideron prudencia y respeto a la presunción de inocencia ante las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázares, al advertir que, hasta el momento, no existen pruebas contundentes que sustenten las imputaciones.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, afirmó que la solicitud enviada por la embajada de EU a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con fines de extradición de los políticos morenistas mencionados, carece de sustento probatorio en una primera revisión jurídica, conforme a la legislación mexicana y a los acuerdos bilaterales.
“En una primera aproximación de la revisión jurídica conforme a la legislación mexicana y a los acuerdos bilaterales, no traen sustento”, señaló, al subrayar que lo notificado por Washington no constituye aún una orden formal de extradición, sino solicitudes derivadas de una acusación presentada por un fiscal en Nueva York.
Mier Velazco explicó que será la Cancillería la encargada de turnar el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que emita una opinión técnica de la solicitud, la cual deberá hacerse pública, motivo por el cual, llamó a evitar juicios anticipados: “Hay que esperar, hay que estar serenos. No hay que anticipar juicios”.
El morenista descartó que el senador Enrique Inzunza deba solicitar licencia al cargo, al insistir que debe prevalecer el rigor jurídico: “Tiene que haber rigor jurídico y rigor en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales”, sostuvo, al recordar que corresponde a quien acusa presentar las pruebas de las imputaciones.
Cuestionado sobre el paradero del legislador sinaloense, Mier Velazco indicó que estuvo presente en el Senado durante la mañana, mientras que, sobre el posible impacto político del caso en la llamada Cuarta Transformación, evitó emitir valoraciones: “Todo lo demás sería especular”.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, calificó el caso como “un asunto político”, al considerar que las acusaciones del Departamento de Justicia de EU no están acompañadas de pruebas contundentes.
“Mientras no se compruebe la responsabilidad penal, todos tienen derecho a que se aplique el principio de presunción de inocencia”, afirmó, al reiterar que es un derecho consagrado en la Constitución.
Monreal Ávila insistió en que no se puede emitir un juicio sin evidencia verificable: “Ante la ausencia de lo jurídico, es un asunto político. No conozco ninguna prueba contundente sobre la culpabilidad”, declaró, aunque matizó que su postura podría modificarse si surgen elementos probatorios sólidos.
Según información oficial, autoridades estadounidenses habrían formulado acusaciones contra ambos funcionarios por presuntos delitos de narcotráfico y colusión con el crimen organizado. Sin embargo, la SRE informó que las solicitudes recibidas no están acompañadas de pruebas.
Senador acusado falta a reunión de la Permanente
› Por Tania Gómez
Enrique Inzunza, senador morenista, no se presentó a rendir protesta en la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año de la LXVI Legislatura, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Inzunza Cázares, quien ocupa el tercer lugar en la integración de la Comisión Permanente, no fue visible en la sesión del pleno desde el mediodía, pese a que por la mañana había pasado lista. En su lugar asistió la senadora Simey Olvera para participar en el órgano legislativo.
Encabezada de manera provisional por el senador Manuel Añorve, inició con la verificación de quórum, con 32 legisladores presentes, y la aprobación del acuerdo para integrar la mesa directiva.
El debate se complicó cuando el senador del PAN, Ricardo Anaya, advirtió sobre las implicaciones del caso: “El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una acusación formal por el delito de narcotráfico en contra del hoy gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”, afirmó, al tiempo que denunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió una solicitud de detención con fines de extradición “aquí no habrá más que dos posibilidades: impunidad o justicia”.
La panista Lilly Téllez lanzó señalamientos contra legisladores oficialistas: “Son unos mafiosos, el gobierno estadounidense lo acaba de confirmar”.
En respuesta, el diputado Arturo Ávila acusó a la presidencia de la Cámara de permitir un “espectáculo circense” y de violar el reglamento: “En menos de cinco minutos ha dado muestra de autoritarismo total, no estaba permitido abrir ese debate”.
La votación por cédula para elegir la mesa directiva fue aprobada con 35 votos a favor y uno en contra. La senadora Laura Itzel Castillo fue designada presidenta, acompañada por vicepresidencias y secretarías integradas por legisladores de distintos grupos parlamentarios. Al asumir el cargo, declaró instalada formalmente la Comisión y citó para el 6 de mayo.
