Los partidos de oposición PAN PRI y MC coincidieron en exigir explicaciones inmediatas, investigaciones a fondo y, en algunos casos, la separación del cargo, como respuesta a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien fue señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico y apoyo al Cártel de Sinaloa.
El Partido Acción Nacional demandó la desaparición de poderes en la entidad, renuncias inmediatas y extradiciones, mientras que el PRI advirtió que el caso coloca a México en una “crisis de credibilidad” internacional.
En un comunicado, el PAN sostuvo que un gobierno bajo este nivel de acusaciones “no cuenta con las condiciones para enfrentar la crisis ni para garantizar la tranquilidad de las familias”, por lo que solicitó la desaparición de poderes en Sinaloa.
Resultados del Tris de hoy 30 de abril del 2026. Ve aquí los números ganadores
En San Lázaro, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, insistió en que el país requiere autoridades que enfrenten al crimen organizado.
- El Dato: Jorge Álvarez Máynez, líder de MC, dijo a través de redes sociales que el Gobierno federal debe deslindarse de Rocha de forma inmediata y permitir que sea investigado.
“Ningún servidor público debe estar a favor de la delincuencia, de los laboratorios o de las drogas”, afirmó la panista, quien añadió: “Lo dije en la mañana y lo reitero: necesitamos gobernadores que detengan al crimen organizado… Gobernadoras y gobernadores valientes”.
No obstante, la panista subrayó que debe realizarse una investigación antes de asumir posturas definitivas y llamó a esperar la decisión del mandatario estatal sobre solicitar licencia al cargo.
El panista Federico Döring Casar aseguró que los señalamientos confirman posibles vínculos entre actores políticos y el crimen organizado, por lo que urgió a tomar medidas inmediatas al considerar que “Rocha Moya debería separarse del cargo y enfrentar las acusaciones, incluso, ante instancias internacionales”.
Asimismo, planteó que funcionarios sin fuero constitucional sean extraditados y advirtió que mantener al gobernador en funciones podría afectar la relación bilateral con EU y vulnerar temas clave como comercio y seguridad.
En la tribuna, la panista Lilly Téllez exigió la salida inmediata del legislador sinaloense Enrique Inzunza: “Exijo que el senador de Sinaloa se salga del Senado en este momento, pero que no se vaya a esconder y que no le den protección las autoridades de Morena”.
Además, expuso que los políticos señalados “deben ser extraditados Rocha Moya, este senador y los demás acusados” al tiempo que destacó que Morena bloqueó el debate en la tribuna y sostuvo que ello evidencia sus vínculos con el crimen organizado.
A las críticas se sumó el PRI cuando el senador y dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que los señalamientos de autoridades estadounidenses “confirman con mayor gravedad” lo que denunció su partido durante años sobre la situación en Sinaloa.
“Desde hace años lo dijimos, lo advertimos y lo exigimos”, señaló Moreno Cárdenas al resaltar que el gobierno de Morena “negaba, minimizaba o, simplemente, cerraba los ojos” ante la violencia.
Añadió que la acusación “no se trata de un señalamiento menor ni de un tema interno, sino de un caso internacional que coloca a Sinaloa y a México en una crisis de credibilidad”.
MC fijó su postura cuando su coordinadora en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, señaló “son gravísimas las imputaciones y no deben minimizarse, por lo que Rocha Moya debe separarse del cargo para enfrentar las investigaciones”.
- El Tip: Panistas en el Senado solicitaron el pasado miércoles la comparecencia del gobernador de Sinaloa para esclarecer las acusaciones.
En el Senado, el coordinador de MC, Clemente Castañeda, exigió al gobernador de Sinaloa dar una explicación de las acusaciones “puntual y exhaustiva” al afirmar: “Claro que tiene que dar la cara… No es un asunto menor”, sostuvo.
El líder naranja añadió que el caso es particularmente delicado por la presunta vinculación electoral: “Dicen algo así como ‘a cambio de favores electorales’. No es un asunto que deba soslayarse”.
Clemente Castañeda llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Gobierno federal a actuar con responsabilidad y señaló que cualquier solicitud de extradición debe seguir los protocolos legales, al tiempo que descartó que la petición sea un “linchamiento parlamentario”.
En tanto se define el curso de la investigación a cargo de la FGR, el caso ha escalado rápidamente en la agenda política nacional, con presiones de la oposición para esclarecer las acusaciones contra el gobierno de Sinaloa y se determinan las responsabilidades, tanto a nivel estatal como federal.
