LA FISCALÍA General de la República (FGR) rechazó emitir un aval inmediato a la solicitud de Estados Unidos para detener provisionalmente con fines de extradición al gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios, al advertir que el pedimento carece, hasta ahora, de pruebas anexas y de una explicación suficiente sobre la urgencia de la medida.
Raúl Jiménez, fiscal especializado de Control Competencial, aseguró que la FGR no encontró, en la solicitud enviada, elementos que acrediten la urgencia para detener de manera provisional a las personas reclamadas con fines de extradición.
“En el pedimento que nos ocupa no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”, puntualizó.
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Explicó que esa medida cautelar no puede concederse de forma automática, debido a que restringe derechos humanos y exige motivos, fundamentos y pruebas sólidas. Su propósito jurídico, añadió, consiste en evitar que los señalados evadan la acción de la justicia.
También adelantó que la FGR enviará una comunicación formal a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que solicite a Estados Unidos “todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios”.
El fiscal advirtió que la información adicional deberá solicitarse y entregarse por vías oficiales, con estricta confidencialidad, para evitar filtraciones que comprometan el caso. La razón, explicó, radica en que el contenido del pedimento forma parte de una revisión jurídica en curso y su difusión pública “puede poner en riesgo el debido proceso”.
Bajo ese criterio, la FGR buscará que EU remita pruebas, argumentos e informes mediante canales institucionales y confidenciales. Sólo así, sostuvo, la Fiscalía podrá analizar el expediente sin afectar derechos procesales ni anticipar una postura antes de concluir la evaluación legal.
Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, reforzó que la FGR solicitó ampliar los datos “por las vías correspondientes y de manera confidencial”, y que desarrolla investigaciones propias sobre los posibles delitos cometidos por funcionarios de Sinaloa.
Con esto, la dependencia dejó abierta la posibilidad de realizar un nuevo análisis si Estados Unidos entrega información adicional sobre el caso. Jiménez Vázquez aclaró que se revisará la documentación, los informes y las evidencias que envíe la autoridad estadounidense antes de determinar si la petición cumple con los requisitos del tratado bilateral.
En cuanto al tipo de solicitud elaborada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, remarcó que no se trata de un “procedimiento de extradición formal tal cual”, sino de una medida cautelar previa, una figura prevista en el artículo 11 del Tratado Bilateral de Extradición México-EU y en el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional, que sólo busca la detención provisional de las personas señaladas por un posible delito.
