La desaparición y violencia contra personas migrantes en tránsito por México continúa creciendo en niveles alarmantes. De acuerdo con datos del Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos cuatro mil 924 personas en éxodo desaparecieron entre 2014 y finales de 2025 durante su trayecto por México hacia Estados Unidos. La cifra representa 298.3 por ciento más casos que los reportados en la década 2004-2014, que cerró con mil 236.
Sin embargo, organizaciones de familiares en Centroamérica sostienen que la dimensión real de la crisis de desaparecidos podría ser aún mayor.
Comités de búsqueda en Honduras han documentado 887 casos de migrantes desaparecidos en tránsito por territorio mexicano; la Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala reporta otros 40 casos, y el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador suma 300 más; lo anterior desde el periodo que comprende de 2015 a 2025.
- El Dato: Colectivos y familiares de migrantes desaparecidos visitaronayer la estación migratoria Siglo 21 del INM en Tapachula, para buscar pistas de sus desaparecidos.
En conjunto, estas agrupaciones contabilizan mil 227 casos adicionales construidos a partir de denuncias directas y procesos independientes de búsqueda, fuera de los registros oficiales mexicanos.
A esta cifra se añade el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha documentado dos mil 351 casos de personas en tránsito desaparecidas en México y Estados Unidos entre 2010 y febrero de 2025.
Los datos, sustentados en procesos de identificación forense y acompañamiento a familias, permiten identificar patrones de desaparición relacionados no sólo con los riesgos del éxodo migratorio, sino también con contextos de violencia estructural en distintas regiones del país.
La crisis no se limita a las desapariciones. Una encuesta realizada a 177 personas migrantes en Ciudad Juárez por The Hope Border Institute y el Servicio Jesuita para Refugiados reveló que más de 50 por ciento fue víctima de robo; 35 por ciento sufrió extorsión y 20.4 por ciento fue secuestrado durante su recorrido.
Las cifras reflejan que al menos una de cada cinco personas migrantes ha sido privada de la libertad mientras cruza por México.
El dato más delicado, señalan las organizaciones, es que en 30 por ciento de los secuestros documentados hubo participación de autoridades mexicanas. Lo anterior apunta no sólo a posibles actos de tolerancia frente al crimen organizado, sino también a esquemas de colusión activa entre grupos criminales y agentes estatales.
En términos prácticos, casi un tercio de los secuestros registrados no podrían explicarse únicamente por la acción de bandas delictivas, sino por la interacción de éstas con funcionarios o corporaciones de seguridad.
Colectivos y defensores de derechos humanos advirtieron que la falta de mecanismos eficaces de búsqueda, identificación y protección para personas en éxodo mantiene a miles de familias en incertidumbre permanente, mientras las rutas migratorias en México continúan siendo escenarios de desaparición, violencia y explotación.
Ahora mismo, madres, hermanas y esposas de migrantes desaparecidos recorren el sur de México entre cárceles, oficinas y caminos de la costa chiapaneca en busca de una respuesta que no llega desde diciembre de 2024; sin embargo, relatan que ahora su búsqueda se llevará por un camino mucho más largo, partiendo desde el estado sureño mexicano.
“Nosotros tuvimos comunicación hasta el día 21 de diciembre, como a las siete de la mañana, hora de México. Él me dijo: ‘Mamá, ya vamos a salir’, y ya no volvimos a saber nada”, recordó la madre de uno de los 40 migrantes desaparecidos en Chiapas que intentaban avanzar hacia Estados Unidos, quien al conversar con La Razón prefirió guardar su nombre en el anonimato.
Desde entonces, el silencio se convirtió en una condena diaria para decenas de familias de Cuba, Honduras y Ecuador, quienes esta semana, en medio de precarización, llegaron al sur de México para iniciar personalmente labores de búsqueda, luego de meses de exigir respuestas a las autoridades mexicanas.
La desaparición ocurrió el 21 de diciembre de 2024 en el poblado de San Miguel Huellate, municipio de Mazatán, en la región costa del estado. Según relatan los familiares, las víctimas habían cruzado el río Suchiate semanas antes y permanecían en Tapachula organizando el trayecto hacia la frontera norte.
Tras meses de presión internacional y acompañamiento de la Red Regional de Familias Migrantes, las autoridades federales y estatales finalmente autorizaron acciones de búsqueda en campo, visitas a centros penitenciarios y la difusión formal de fichas de búsqueda.
Entre las personas desaparecidas se encuentran los ciudadanos cubanos Lorena Raza Valguevara, de 28 años; Elianis Caridad Morejón Pérez, de 18; Jorge Alejandro Lozada Santos, de 24; Meilins Álvarez Bravo, de 40; Samey Armando Reyes Álvarez, de 14; Dayranis Tang, de 33; el hondureño Ricardo Hernández, de 33, y el ecuatoriano Jefferson Stanley Quindil, de 21.
Sus nombres hoy recorren carreteras, fiscalías y penales de Chiapas en voz de sus madres. En cada parada repiten la misma pregunta: “Si alguien los vio, si alguien sabe algo, si siguen vivos”.
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