La desaparición de personas en México se convirtió en una “prioridad nacional” para el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis de desapariciones en el país.
En un comunicado conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), detalló que el Gobierno presentó ante la CIDH una nueva ruta de atención y búsqueda para fortalecer la cooperación con organismos internacionales, colectivos y familias de víctimas, así como consolidar mecanismos institucionales frente a una de las crisis de derechos humanos más graves del país.
- El Dato: Para elaborar el informe, la CIDH sistematizó informes del país de 1998 y 2015, así como reportes del Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa.
El subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia federal, Arturo Medina, afirmó que la mandataria federal instruyó a todas las dependencias del Estado a coordinarse para combatir el delito y atender a las víctimas.
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“La Presidenta instruyó atender la desaparición de personas como una prioridad nacional, donde todas las instituciones del Gobierno de México cooperan para erradicar el delito y atender a las víctimas. Las reformas, mecanismos y acciones que hoy impulsa el Estado mexicano han sido construidas escuchando las voces de las víctimas y de sus familias, sus experiencias y sus exigencias”, aseguró.
Respecto al informe, valoró que la CIDH incorporara comentarios, información y avances reportados por México y tomó en cuenta el enfoque de atención a las causas, el fortalecimiento institucional, las reformas elaboradas junto con familias y las acciones en búsqueda e identificación humana.
Como parte de la ruta federal, presentó la reforma legislativa de 2025 y la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Alerta Nacional de Búsqueda y la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte. El planteamiento apunta a reducir tiempos de respuesta y evitar que las denuncias queden sujetas a demoras iniciales.
De igual forma, la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación y de la Plataforma Única de Identidad. Estas herramientas forman parte del esfuerzo federal para ordenar información, cruzar registros y mejorar procesos de localización e identificación.
La ruta también coloca nuevas responsabilidades en los estados, para que cada uno cuente con fiscalías especializadas y unidades enfocadas en desaparición de personas, además de reforzar la coordinación entre comisiones de búsqueda, fiscalías locales y la General de la República.
Asimismo, destacó el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, la contratación de especialistas para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la adquisición de equipamiento. El informe coloca estos puntos dentro de una agenda que combina búsqueda en campo, análisis técnico y registros confiables.
Medina señaló que, a reserva de revisar cada una de las 40 recomendaciones de la CIDH, “muchas de ellas ya forman parte de la estrategia que impulsa el Gobierno de México”, y enfatizó que hoy, la desaparición no se ordena desde el Estado como sucedía en el pasado.
Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Enrique Ochoa Martínez, destacó: “Las soluciones más efectivas y duraderas se construyen en colaboración con el Estado, a través de sus instituciones, en coordinación con todos los órdenes de gobierno y con la participación activa de la sociedad civil”.
También anunció, que se ampliará la cooperación con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Fondo de Población del organismo para fortalecer capacidades institucionales en búsqueda e identificación humana.
En su oportunidad, Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, ubicó el reporte dentro de un ejercicio inédito de diálogo con el país y destacó la disposición oficial para entregar datos, responder observaciones y mantener canales con víctimas y sociedad civil.
ONG exigen atender recomendaciones
› Por Claudia Arellano
COLECTIVOS de familiares de desaparecidos y organizaciones defensoras de derechos humanos afirmaron que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) coinciden en señalar que México enfrenta una crisis humanitaria de desapariciones marcada por la impunidad estructural y la responsabilidad del Estado.
En un pronunciamiento conjunto, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Justicia Transicional México, Estrategias contra la Impunidad A.C., Fundación para la Justicia, Tejiendo Redes Infancia, así como activistas y especialistas en derechos humanos sostuvieron que ambos organismos internacionales “no se contradicen, sino que se refuerzan mutuamente”, al documentar la gravedad del fenómeno y la participación o aquiescencia de autoridades en distintos niveles de gobierno.
Según las familias y organizaciones, la CIDH concluyó que el Estado mexicano “no podía desconocer lo que ocurría”, lo que configura posibles casos de aquiescencia que deben ser investigados judicialmente. En paralelo, recordaron que el 19 de marzo de 2026 el Comité contra la Desaparición Forzada activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y elevó la situación de México ante la Asamblea General de la ONU.
El CED concluyó en su reporte que existen indicios fundamentados de que en México se cometen desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al desarrollarse mediante ataques sistemáticos con participación o tolerancia de autoridades municipales, estatales y federales.
Las organizaciones alertaron sobre el riesgo de minimizar las conclusiones de ambos organismos internacionales mediante interpretaciones que desvinculen la desaparición de personas de la responsabilidad estatal o que presenten el mecanismo del artículo 34 como una “extralimitación política”.
“Existe el riesgo de interpretar que el reconocimiento de ciertos avances institucionales exonera la responsabilidad por la impunidad estructural que persiste”, señalaron los firmantes.
Asimismo, insistieron en que el Gobierno mexicano debe asumir con el mismo compromiso tanto las recomendaciones de la CIDH como el proceso abierto por el CED ante la ONU.
“No puede haber una doble vara de medir: la voluntad política para implementar las recomendaciones regionales debe ser idéntica a la necesaria para atender las alertas globales de la ONU”, advirtieron las organizaciones.
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