La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Desaparición de Personas en México”, en el cual detalla que al cierre de junio de 2025, México acumulaba más de 128 mil personas desaparecidas y 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado, según conteos independientes.
Por lo anterior advirtió que el país enfrenta una grave crisis de derechos humanos derivada del incremento sostenido de ausencias y de la persistente impunidad en estos casos.
El documento analiza los avances y desafíos de las políticas implementadas por el Estado mexicano desde 2018 para atender este fenómeno, así como los esfuerzos de familias y colectivos de búsqueda que luchan por encontrar a sus seres queridos y exigir verdad y justicia.
Ven medidas educativas improvisadas
La Comisión señaló que gran parte de las desapariciones son atribuidas al crimen organizado; sin embargo, advirtió que las desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado aún no han sido erradicadas completamente.
- El Dato: EN MATERIA de memoria y verdad, la CIDH subrayó los esfuerzos del Estado mexicano encaminados a esclarecer los hechos ocurridos durante la llamada “guerra sucia”.
El informe documentó casos de presunta colusión entre integrantes del crimen organizado y autoridades encargadas de tareas de seguridad, procuración de justicia y actores políticos. Asimismo, alertó sobre los altos niveles de impunidad reflejados en la baja judicialización de casos y en el reducido número de sentencias emitidas.
Aunque reconoció avances recientes, como la judicialización de casi una veintena de casos de desaparición y desaparición forzada en el último año, la CIDH consideró que estos esfuerzos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la crisis.
El informe también identifica deficiencias en las investigaciones ministeriales, entre ellas, la falta de planes e hipótesis sólidas, errores en la clasificación de delitos y obstáculos que enfrentan las familias al presentar denuncias, en las cuales, en muchos casos, termina recayendo la carga de investigación.
- 16 audiencias, 50 testimonios y 11 reportes sirvieron para elaborar el informe
El informe incluye 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano, entre ellas, mejorar las estrategias de seguridad, fortalecer las investigaciones, garantizar búsquedas inmediatas, consolidar mecanismos de identificación humana, proteger a familias buscadoras y asegurar el acceso a la verdad y la justicia.
No obstante, la CIDH colocó las medidas anunciadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entre los avances recientes de México frente a la desaparición de personas, como parte de una etapa más reciente de ajustes legales e institucionales dentro de una ruta que comenzó desde 2018 con la reactivación de mecanismos nacionales.
Identifica como medidas positivas la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda, el relanzamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la aprobación del Protocolo Homologado de Búsqueda y avances en herramientas destinadas a localizar personas.
Bajo ese mismo apartado, el organismo señala que México cuenta con un marco normativo claro para atender la desaparición mediante criterios de interseccionalidad, interculturalidad, enfoque de género e incorporación de contextos específicos. A esa estructura añade mecanismos como el Protocolo Alba, el Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, la Alerta Amber, el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, el Grupo de Trabajo Interinstitucional y la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas.
Al frente de la presentación estuvo Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, quien destacó que todos los países del continente enfrentan retos en materia de derechos humanos y democracia, pero sostuvo que la comisión distingue entre gobiernos que permiten la revisión internacional y aquellos que cierran espacios de participación.
“Hay una clara diferencia entre gobiernos democráticos y gobiernos autoritarios, entre gobiernos con apertura al escrutinio internacional y al diálogo participativo con víctimas y organizaciones, y gobiernos que, por el contrario, reducen el espacio cívico y condicionan el mandato de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos. México se encuentra entre los primeros”, señaló.
Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, también reconoció la participación del país en los mecanismos regionales y multilaterales. Apuntó a la cooperación como punto de partida para atender una emergencia que involucra a instituciones federales, fiscalías, comisiones de búsqueda, familias y organismos internacionales.
En la presentación también estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina; el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez, familias, colectivos de búsqueda y organizaciones de la sociedad civil.
AVANCES CLAVE
Acciones del Gobierno para atender las desapariciones.
- La Alerta Nacional de Búsqueda.
- Obligación de iniciar la investigación ante el primer reporte.
- Creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la Plataforma Única de Identidad.
- La obligación de que los estados tengan fiscalías especializadas y se creen unidades para su atención.
- El fortalecimiento del Banco Nacional de datos forenses, contratación de especialistas y compra de equipo para la CNB.
- Coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la FGR.
Niñas y adolescentes están en el grupo más vulnerable
› Por Elizabeth Hernández
La desaparición de niñas y adolescentes aparece en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como uno de los focos más sensibles de la crisis nacional. El organismo señaló que hasta agosto del año pasado, México sumó 18 mil 192 menores de edad desaparecidos, con una mayoría femenina dentro de ese grupo.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, citado por la CIDH, las niñas y adolescentes representan seis de cada 10 casos reportados entre los menores de edad. Los datos muestran un total de nueve mil 342 casos en este grupo considerado como altamente vulnerable.
- 51.3 por ciento de menores ausentes corresponde a niñas
El rango con mayor diferencia se concentra entre las menores de 12 a 16 años, donde la desaparición de ellas supera a la de ellos por mil 200 casos, es decir, casi 10 por ciento por encima de la media registrada entre varones de la misma edad. También identifica que, entre todas las mujeres desaparecidas en el país, el grupo de 15 a 19 años concentra la mayor cantidad, con seis mil 141 casos.
La Comisión vinculó la desaparición de mujeres y niñas con contextos específicos de violencia de género. Destaca, entre otros riesgos, la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado, además de otras formas de violencia que deben formar parte de las líneas de investigación.
El informe también recoge señalamientos sobre fallas en la aplicación efectiva de la perspectiva de género. La CIDH menciona antecedentes en los que la falta de búsqueda inmediata derivó en responsabilidad internacional para México, como el caso Campo Algodonero, relacionado con adolescentes y mujeres jóvenes en Ciudad Juárez. Otro es el de Paloma Escobar, adolescente de 16 años desaparecida en Chihuahua en 2002. El informe recuerda que no recibió una búsqueda adecuada tras su desaparición y que apareció sin vida un mes después.
Frente a ese panorama, la CIDH recomendó garantizar la aplicación efectiva del Protocolo Alba en todas las entidades y asegurar que la búsqueda no dependa de moratorias ni tiempos de espera. También pidió una campaña nacional de información para difundir que la búsqueda de niñas y mujeres debe iniciar de inmediato. Ello, como parte de las recomendaciones dirigidas a fortalecer las políticas de prevención y atención según el perfil de las víctimas.
Ausencias en México son prioridad nacional: Segob
› Por Tania Gómez y Elizabeth Hernández
La desaparición de personas en México se convirtió en una “prioridad nacional” para el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis de desapariciones en el país.
En un comunicado conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), detalló que el Gobierno presentó ante la CIDH una nueva ruta de atención y búsqueda para fortalecer la cooperación con organismos internacionales, colectivos y familias de víctimas, así como consolidar mecanismos institucionales frente a una de las crisis de derechos humanos más graves del país.
- El Dato: Para elaborar el informe, la CIDH sistematizó informes del país de 1998 y 2015, así como reportes del Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa.
El subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia federal, Arturo Medina, afirmó que la mandataria federal instruyó a todas las dependencias del Estado a coordinarse para combatir el delito y atender a las víctimas.
“La Presidenta instruyó atender la desaparición de personas como una prioridad nacional, donde todas las instituciones del Gobierno de México cooperan para erradicar el delito y atender a las víctimas. Las reformas, mecanismos y acciones que hoy impulsa el Estado mexicano han sido construidas escuchando las voces de las víctimas y de sus familias, sus experiencias y sus exigencias”, aseguró.
Respecto al informe, valoró que la CIDH incorporara comentarios, información y avances reportados por México y tomó en cuenta el enfoque de atención a las causas, el fortalecimiento institucional, las reformas elaboradas junto con familias y las acciones en búsqueda e identificación humana.
Como parte de la ruta federal, presentó la reforma legislativa de 2025 y la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Alerta Nacional de Búsqueda y la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte. El planteamiento apunta a reducir tiempos de respuesta y evitar que las denuncias queden sujetas a demoras iniciales.
De igual forma, la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación y de la Plataforma Única de Identidad. Estas herramientas forman parte del esfuerzo federal para ordenar información, cruzar registros y mejorar procesos de localización e identificación.
La ruta también coloca nuevas responsabilidades en los estados, para que cada uno cuente con fiscalías especializadas y unidades enfocadas en desaparición de personas, además de reforzar la coordinación entre comisiones de búsqueda, fiscalías locales y la General de la República.
Asimismo, destacó el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, la contratación de especialistas para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la adquisición de equipamiento. El informe coloca estos puntos dentro de una agenda que combina búsqueda en campo, análisis técnico y registros confiables.
Medina señaló que, a reserva de revisar cada una de las 40 recomendaciones de la CIDH, “muchas de ellas ya forman parte de la estrategia que impulsa el Gobierno de México”, y enfatizó que hoy, la desaparición no se ordena desde el Estado como sucedía en el pasado.
Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Enrique Ochoa Martínez, destacó: “Las soluciones más efectivas y duraderas se construyen en colaboración con el Estado, a través de sus instituciones, en coordinación con todos los órdenes de gobierno y con la participación activa de la sociedad civil”.
También anunció, que se ampliará la cooperación con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Fondo de Población del organismo para fortalecer capacidades institucionales en búsqueda e identificación humana.
En su oportunidad, Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, ubicó el reporte dentro de un ejercicio inédito de diálogo con el país y destacó la disposición oficial para entregar datos, responder observaciones y mantener canales con víctimas y sociedad civil.
ONG exigen atender recomendaciones
› Por Claudia Arellano
COLECTIVOS de familiares de desaparecidos y organizaciones defensoras de derechos humanos afirmaron que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) coinciden en señalar que México enfrenta una crisis humanitaria de desapariciones marcada por la impunidad estructural y la responsabilidad del Estado.
En un pronunciamiento conjunto, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Justicia Transicional México, Estrategias contra la Impunidad A.C., Fundación para la Justicia, Tejiendo Redes Infancia, así como activistas y especialistas en derechos humanos sostuvieron que ambos organismos internacionales “no se contradicen, sino que se refuerzan mutuamente”, al documentar la gravedad del fenómeno y la participación o aquiescencia de autoridades en distintos niveles de gobierno.
Según las familias y organizaciones, la CIDH concluyó que el Estado mexicano “no podía desconocer lo que ocurría”, lo que configura posibles casos de aquiescencia que deben ser investigados judicialmente. En paralelo, recordaron que el 19 de marzo de 2026 el Comité contra la Desaparición Forzada activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y elevó la situación de México ante la Asamblea General de la ONU.
El CED concluyó en su reporte que existen indicios fundamentados de que en México se cometen desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al desarrollarse mediante ataques sistemáticos con participación o tolerancia de autoridades municipales, estatales y federales.
Las organizaciones alertaron sobre el riesgo de minimizar las conclusiones de ambos organismos internacionales mediante interpretaciones que desvinculen la desaparición de personas de la responsabilidad estatal o que presenten el mecanismo del artículo 34 como una “extralimitación política”.
“Existe el riesgo de interpretar que el reconocimiento de ciertos avances institucionales exonera la responsabilidad por la impunidad estructural que persiste”, señalaron los firmantes.
Asimismo, insistieron en que el Gobierno mexicano debe asumir con el mismo compromiso tanto las recomendaciones de la CIDH como el proceso abierto por el CED ante la ONU.
“No puede haber una doble vara de medir: la voluntad política para implementar las recomendaciones regionales debe ser idéntica a la necesaria para atender las alertas globales de la ONU”, advirtieron las organizaciones.
Por adjudicación directa, 70% del dinero contratado por municipios
