COLECTIVOS de familiares de desaparecidos y organizaciones defensoras de derechos humanos afirmaron que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) coinciden en señalar que México enfrenta una crisis humanitaria de desapariciones marcada por la impunidad estructural y la responsabilidad del Estado.
En un pronunciamiento conjunto, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Justicia Transicional México, Estrategias contra la Impunidad A.C., Fundación para la Justicia, Tejiendo Redes Infancia, así como activistas y especialistas en derechos humanos sostuvieron que ambos organismos internacionales “no se contradicen, sino que se refuerzan mutuamente”, al documentar la gravedad del fenómeno y la participación o aquiescencia de autoridades en distintos niveles de gobierno.
Según las familias y organizaciones, la CIDH concluyó que el Estado mexicano “no podía desconocer lo que ocurría”, lo que configura posibles casos de aquiescencia que deben ser investigados judicialmente. En paralelo, recordaron que el 19 de marzo de 2026 el Comité contra la Desaparición Forzada activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y elevó la situación de México ante la Asamblea General de la ONU.
El CED concluyó en su reporte que existen indicios fundamentados de que en México se cometen desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, al desarrollarse mediante ataques sistemáticos con participación o tolerancia de autoridades municipales, estatales y federales.
Las organizaciones alertaron sobre el riesgo de minimizar las conclusiones de ambos organismos internacionales mediante interpretaciones que desvinculen la desaparición de personas de la responsabilidad estatal o que presenten el mecanismo del artículo 34 como una “extralimitación política”.
“Existe el riesgo de interpretar que el reconocimiento de ciertos avances institucionales exonera la responsabilidad por la impunidad estructural que persiste”, señalaron los firmantes.
Asimismo, insistieron en que el Gobierno mexicano debe asumir con el mismo compromiso tanto las recomendaciones de la CIDH como el proceso abierto por el CED ante la ONU.
“No puede haber una doble vara de medir: la voluntad política para implementar las recomendaciones regionales debe ser idéntica a la necesaria para atender las alertas globales de la ONU”, advirtieron las organizaciones.
